• "Es la única manera de comprender toda la trama", reconoce la juez de la Audiencia Nacional en un informe al Tribunal Supremo, a petición del magistrado Pablo Llarena, en relación a la posible acumulación de las causas abiertas.
  • La juez se muestra convencida de que si se escindiera la causa se dificultaría enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados.
  • La Fiscalía, sin embargo, se ha opuesto a la acumulación de todas las causas y defiende que los no aforados deben seguir siendo investigados en la Audiencia Nacional.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela (en la imagen) ha demostrado no tener celos profesionales al ser favorable a la acumulación en el Tribunal Supremo de todas las causas abiertas por rebelión relacionadas con el desafío secesionista catalán porque considera que "todas las personas querelladas" forman parte de una "compleja y heterogénea organización, donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario", informa RTVE. Este es el sentido del informe que la juez de la Audiencia Nacional remitió este martes al Tribunal Supremo, a petición del magistrado Pablo Llarena, en relación la posible acumulación de las causas abiertas. Así, Lamela apoya unir la causa abierta contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsejeros por rebelión, sedición y malversación por la celebración del referéndum del 1 de octubre y la proclamación de la independencia en el Parlament a la de los exmiembros de la Mesa del Parlament, investigados ya por el Supremo por estar aforados, y la causa contra los líderes de ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y el exmajor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Entiende la juez que todos ellos han venido llevando a cabo desde 2015 una "premeditada estrategia perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles", por lo que considera que la investigación no debe ser escindida, "sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido". La juez se muestra convencida de que los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa dificultaría enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados: "Es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia". Una vez analizadas todas las actividades ilegales desarrolladas, constitutivas de distintos delitos (desobediencia, prevaricación, malversación de caudales públicos y sedición), Lamela insiste en que la investigación por separado dificulta el esclarecimiento de los hechos y la "comprensión de toda la estrategia colaborativa". "La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común", apunta el informe. La juez recuerda que se están investigando delitos conexos, "razón por la que cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos". La Fiscalía, por su parte, se ha opuesto a la acumulación de todas las causas y defiende que los no aforados deben seguir siendo investigados en la Audiencia Nacional. Y ojo, no hay que equivocarse: el Supremo ha sido más duro que la audiencia aunque permitió la libertad con fianza. Y esto porque el juez Llanera sí ha entrado en la justificación de un posible delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel. Andrés Velázquez [email protected]