La realidad en Europa es que ningún país tiene proyectos de ley, como el de Cambio Climático en España, que prohíban los vehículos diésel o de gasolina en los términos que plantea Teresa Ribera. Lo más grave de esa realidad, con todo, es la evidencia en la que deja una de las grandes mentiras del Gobierno Sánchez.

Tanto el presidente como su ministra han insistido precisamente en lo contrario: que el calendario inquisitorial que plantean no sólo está en línea con Europa, sino que es más benévola incluso, que en otros países. Así han reaccionado cuando les ha alcanzado la pregunta, que es la misma que tiene en mente cualquier ciudadano de a pie.

Es el contexto en el que los fabricantes de automóviles agrupados en Anfac han lanzado, este miércoles, un duro comunicado que parece más a un misil con carga de profundidad. Denuncian, en concreto, que las iniciativas de Ribera, o la más talibana todavía del Gobierno balear, poniendo fechas de caducidad a la venta o circulación, con calendario de prohibiciones, “dibujan un panorama para el sector de la automoción inédito en Europa”. En el caso balear, la prohibición a circular es a partir de 2025.

El calendario inquisitorial de Sánchez y Teresa Ribera rompe la línea europea: es un engaño en toda regla

Al contrario de lo que pasa en suelo patrio, los países europeos han optado por posiciones mucho más prudentes cuando largan a la opinión pública, por un lado, y por otro ninguno de ellos “ha aprobado una limitación similar en ninguna norma con rango de ley o vinculante”.

Anfac explica que el fondo y forma de las medidas anunciadas en esos países para la descarbonización del parque automovilístico no tiene nada que ver con las de Ribera o la presidenta balear, Francina Armengol, por “su carácter prohibicionista”. Anfac, como hemos informado, ha denunciado el proyecto balear ante la Comisión Europea y el Consejo para la Unidad de Mercado por sus medidas “arbitrarias y desproporcionadas”.

Los pocos países que han tomado medidas legislativas, en ningún caso vinculantes, se vuelcan en los incentivos

En paralelo, Anfac aclara que los pocos países que han tomado medidas legislativas al respecto, las han centrado especialmente en “programas de incentivos o la finalización de las ventas de vehículos de combustión interna”, y en ningún caso son vinculantes. El resto, o sea, la mayoría, se limitan a promesas.

Las únicas limitaciones a la circulación de vehículos de diésel o gasolina se reducen a “zonas denominadas de bajas emisiones en entornos urbanos”, con las limitaciones en función del etiquetado ambiental o la antigüedad del vehículo. Eso es todo.

En todos los casos se respeta la neutralidad tecnológica o lo que es lo mismo: no se excluye ninguna tecnología

Incluso en esos casos, añade Anfac, las restricciones están acompañadas de “abultados presupuestos”, tanto para la mejora de las infraestructuras como en ayudas directas para la renovación de vehículos. Ojo, respetando la neutralidad tecnológica -es decir, sin excluir en ese relevo los vehículos diésel o de gasolina- y sin prohibicionismos.

Finalmente, Anfac detalla los casos de Reino Unidos, Francia y Alemania, a los que ha recurrido torticeramente el Gobierno Sánchez, en los que late la misma filosofía anterior.

En Reino Unido, por ejemplo, el objetivo de la estrategia Road to Zero, que no tiene rango de ley, es que todos los coches y furgonetas nuevas en 2040 sean cero emisiones y que todo el parque esté descarbonizado en 2050, pero sin prohibir ninguna tecnología concreta. Ese objetivo corre en paralelo al mantenimiento de su industria del motor.

Los mismo pasa en Alemania, ha desarrollado un plan de fomento de la movilidad eléctrica con un presupuesto de 3.200 millones de euros, y sólo hay zonas restringidas (de bajas emisiones) en Berlín, Hamburgo y Stuttgart, donde se exige etiquetado medioambiental.

En Francia, está prevista una Ley de Ordenación de la Movilidad, pero enfocada a la mejora en ese aspecto, que abarca al vehículo privado y a las infraestructuras ferroviarias o las carreteras, y con un presupuesto comprometido de 20.700 millones.

La única limitación al diésel o gasolina está en las zonas urbanas de algunas, muy pocas, ciudades  

Es el mismo país en el que se han lanzado a la calle los chalecos amarillos, poniendo en aprietos al Gobierno del presidente Macron. El detonante fue, precisamente, la subida de impuestos al diésel.

Las zonas de bajas emisiones se limitan a París, Grenoble o Estrasburgo y el nudo gordiano de la ley está en los incentivos a la renovación del parque con vehículos eléctricos, ojo y de combustión, con emisiones menores a 130 gr CO2/km.