- El Consejo Fiscal no ve coherente que se publiquen delitos contra la Hacienda Pública y no otros (contra la vida, integridad física, libertad sexual o contra la Administración).
- Dicha publicación podría vulnerar los principios constitucionales de reeducación y reinserción social del condenado, e incluso, en algunos casos, el derecho al honor.
- Defienden que la reforma debería haberse hecho dentro del Código Penal y no en la Ley Orgánica del Poder Judicial por ser una nueva pena impuesta al defraudador.
- Por su parte, el CGPJ decidió hace dos semanas que se publicara el nombre de los defraudadores cuando haya sentencia firme.
Parece que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro (
en la imagen), cuenta con una nueva ayuda en su proyecto de publicar la famosa
lista de defraudadores que tanto le reclama la oposición. Y es que la
Fiscalía considera que es ilegal sacar a la luz los datos de los defraudadores condenados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y da buenos argumentos defendiendo su postura.
En concreto, el pasado lunes, el
Consejo Fiscal publicó un informe en el que se muestra contrario a la publicación de la lista por diversas razones.
En primer lugar, no ve coherente que se publiquen los datos de condenados por delitos contra la Hacienda Pública y no por otros, como los delitos contra la vida, integridad física, libertad sexual o contra la Administración. Es decir, no entiende porqué los primeros sí se tienen que sacar a la luz y los otros no.
Segundo motivo. El Consejo Fiscal advierte que publicar la lista de defraudadores podría suponer una vulneración de los principios constitucionales de
reeducación y reinserción social del condenado. Pero no sólo eso, en algunos casos, también podría vulnerarse el
derecho al honor de dicho defraudador.
Y tercer argumento. El Consejo Fiscal critica la forma en que se ha empezado a llevar a cabo la reforma. En concreto, defiende que debería haberse hecho dentro del Código Penal y no en la
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por ser precisamente una nueva pena impuesta al defraudador.
Sin embargo, a pesar de las pegas mencionadas, la Fiscalía señala que, en términos generales, dicha reforma contribuye a la consecución de los intereses generales, la cual debe prevalecer "sobre los individuales a la intimidad y protección de datos". Pero el Ministerio público advierte que se debe hacer "con una adecuada
proporcionalidad y garantías".
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también se manifestó sobre la publicación de la lista de defraudadores hace un par de semanas. En concreto, decidió que sólo
se publicara el nombre de los defraudadores cuando haya sentencia firme.
Recuerden que la publicación de la famosa lista es un asunto que trae cola y que los partidos de la oposición llevan bastante tiempo reclamando. Al final, Montoro, al que le gusta erigirse como el caballero andante de la lucha contra el
fraude fiscal, ha cedido a las peticiones y por ello va a reformar la Ley General Tributaria.
Esta medida fue aprobada por el
Consejo de Ministros del pasado 27 de marzo, el cual estableció que saldrán a la luz dos listados de morosos, en víspera de elecciones, en otoño. Concretamente, en uno de ellos aparecerán los que deban más de un millón de euros a Hacienda, y en el otro, los condenados en sentencia firme por delito fiscal superior a los 120.000 euros.
Cristina Martín
cristina@hispanidad.com
