Banca Carige, la décima entidad italiana, ha sido intervenida por el BCE, recién acabado 2018, año en que se daba por terminada la crisis bancaria en ese país, tras el rescate por el Gobierno del Monte dei Paschi di Siena (2016) y de dos bancos regionales del Véneto por Intesa Sanpaolo (2017).

No es así, sin embargo, como pone de relieve la medida, que “impone una administración temporal para garantizar la continuidad” del banco con sede en Génova, cuya cotización ha sido suspendida por el regulador (Consob). La medida sigue al rechazo del principal accionista, la familia Malacalza (27,6%), a una ampliación de 400 millones incluida en el plan de rescate de la entidad. A esa negativa siguió, la semana pasada, la renuncia de la mayoría de los consejeros.

El detonante: la oposición del principal accionista (27,5%) a una ampliación de 400 millones

El BCE, en concreto, ha nombrado a tres administradores temporales, Fabio Innocenzi -hasta ahora, CEO-, Pietro Modiano -presidente- y Raffaele Lener, que se encargarán de salvaguardar la estabilidad y continuidad operativa del banco, mediante el fortalecimiento de los recursos propios o la fusión con otra entidad más grande. Y a esos nombramientos se une el de otros tres como miembros del comité de vigilancia.

Desde 2014, epicentro de la crisis bancaria italiana, Carige ha atraído 2.200 millones de euros de los inversores, pero acumula unas pérdidas en el mismo periodo de 1.500 millones, sobre todo por los créditos incobrables. Y esa estela está precedida por años de mala gestión y excesiva exposición de riesgo en una región muy castigada económicamente.