• Es decir, si el Alto Tribunal confirma la sentencia del TSJC que ya en junio de 2015 anuló la adjudicación a Acciona.
  • Así lo recoge la disposición adicional 15 de la ley de acompañamiento, que se presentó junto a los presupuestos.
  • Pero ¿la CUP se ha parado a pensar que la expropiación hay que pagarla? Por supuesto que no.
  • A finales de 2015, Acciona cifró la indemnización en 296 millones, aunque ahora la cuantía podría ser mayor.
El martes, la Generalitat presentó su propuesta de Presupuestos para 2017 y la ley de acompañamiento de medidas fiscales, donde Carles Puigdemont (en la imagen junto a las diputadas de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel) hace un nuevo guiño a la CUP..., pues Junts pel Sí (JxSí) gobierna, pero la CUP manda. Y este no es otro que la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) será pública si el Tribunal Supremo (TS) anula la adjudicación, según recoge la disposición 15 de la citada ley de acompañamiento. Es decir, si el Alto Tribunal confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en junio de 2015 anuló definitivamente la adjudicación de ATLL a Acciona. Recuerden que en 2012, la Generalitat otorgó la concesión, en una decisión más que sospechosa, a la empresa de los Entrecanales, en detrimento de Agbar. Desde entonces se han sucedido seis sentencias del TSJC sobre medidas cautelares y tres del TS que han confirmado la inexistencia del contrato. Pero Acciona no ha hecho caso, sigue gestionando ATLL y ha recurrido ante el Alto Tribunal (fallo que se espera para antes de final de año o como muy tarde para principios de 2017). La primera noticia de los planes de la CUP llegó hace un año y dejó atónicos a Acciona y al banco brasileño BTG Pactual. Pero ¿el partido independentista y populista catalán se ha parado a pensar que la expropiación hay que pagarla? Por supuesto que no. A finales de 2015, Acciona cifró la indemnización en 296 millones de euros, aunque ahora la cuantía podría ser mayor. Claro que ATLL no es la única empresa de gestión de agua que está en el punto de mira, la CUP también pretende remunicipalizar el servicio de aguas de Barcelona. Es decir, cargarse la empresa de gestión mixta Aigües de Barcelona (70% de Agbar, 15% de Criteria y otro 15% de Área Metropolitana de Barcelona). Y todo ello a pesar de su elevado coste (más de 600 millones) y de los empleados, que pasarían a la plantilla municipal con una fórmula cuanto menos curiosa (fijos interinos) o serían cesados. En definitiva, las pretensiones de la CUP no son más que un debate puramente ideológico, que también abandera Podemos, pero el agua es pública y siempre ha sido pública, como subrayó el presidente ejecutivo de Agbar y vicepresidente ejecutivo de Suez Environnement, Ángel Simón. Otra cosa es la gestión (pública, mixta y privada). Cristina Martín cristina@hispanidad.com