El Estado, es decir, el Gobierno, ha hecho valer su 18,7% de Indra, que posee a través de la Sepi, para evitar que Rosa María García Piñeira haya sido nombrada consejera independiente de Indra. De hecho, la Junta General de Accionistas, celebrada este jueves, ni siquiera lo ha votado porque García Piñeira, actualmente directora global de Sostenibilidad de Alcoa y presidenta de la Fundación Alcoa, tras conocer las reticencias de la Sepi, ha remitido una carta a Indra renunciando a su nombramiento.

Y es que, la relación del Gobierno Sánchez con Alcoa se ha deteriorado enormemente durante las últimas semanas. Sin ir más lejos, la ministra de Industria, Reyes Maroto, arremetió el miércoles contra la multinacional norteamericana por rechazar un plan industrial a diez años. “Alcoa es subvenciones, subvenciones, subvenciones”, declaró la ministra el miércoles, en el Congreso de los Diputados.

Está claro que el Gobierno Sánchez no quiere ver a Alcoa ni en pintura.

Por lo demás, Fernando Abril-Martorell ha evitado adelantar estimaciones para este año que, según él, había comenzado de manera prometedora. “Partimos de una situación favorable y esperanzadora, por el crecimiento de la cartera y las inversiones”, ha afirmado. El coronavirus, sin embargo, ha roto todas las previsiones y ha obligado a posponer la posible vuelta del dividendo: “El impacto, duración y ámbito de la crisis sanitaria y económica es muy difícil de estimar en estos momentos”. “No podemos confiar en una recuperación ni rápida ni fácil”, ha señalado.