• Los accionistas aprueban la compraventa, el canje y la dación en pago de sus activos para salvarse, aunque con una quita del 80%.
  • Una medida que sin duda no agradará a su principal acreedor, el Banco Santander.
  • La inmobiliaria lleva en concurso de acreedores más de dos años y su deuda asciende a casi 4.000 millones, a los que hay que sumar otros 400 que debe a Hacienda.
  • Cuatro consejeros, entre ellos el presidente (Rafael Santamaría), son reelegidos para los próximos cuatro años. También se da el visto bueno a las remuneraciones del Consejo.
Este martes se ha celebrado la Junta de Reyal Urbis. Una cita en la que los accionistas han dejado claro que están resignados a ser una inmobiliaria anecdótica y de cuarta categoría, con pocos activos y una deuda digerible, a pesar de que hace unos años fue una de las estrellas del sector. Y aunque no será un camino fácil aún esperan superar el concurso de acreedores y también pagar su elevada deuda. Los accionistas presentes o bien representados en la Junta -poseedores del 74,972% del capital social- han aprobado todas las propuestas de acuerdos incluidas en el orden del día, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Entre ellas, la compraventa, el canje o la dación en pago de sus activos inmobiliarios por parte de Reyal Urbis o de sus sociedades dependientes. Algo que podrán realizar con tres condiciones: la adquisición de acciones en forma de activos no podrá superar el máximo autorizado, su precio estará entre un mínimo equivalente a su valor nominal y un máximo igual al 105% del precio de la acción en el momento de la compra y la autorización será de 18 meses tras el acuerdo. Por lo tanto, a partir de ahora se podrán comprar sus activos, canjearlos por deuda o bien transmitirlos para compensar la deuda. Una medida que sin duda no habrá agradado a su principal acreedor, el Banco Santander, ahora inmerso en una revolución puesta en marcha por su presidenta, Ana Botín, al llevar a cabo su tercera remodelación. Además, sitúa a la inmobiliaria presidida por Rafael Santamaría (en la imagen) en mejor posición para seguir los pasos de Metrovacesa y ser la segunda inmobiliaria que logra salir del pozo tras la crisis del ladrillo, aunque en unas condiciones mucho peores: como una meramente anecdótica y de cuarta categoría, al contar con pocos activos. Recuerden que Reyal Urbis lleva ya en concurso de acreedores más de dos años, concretamente desde febrero de 2013; una situación que no es agradable para ninguna compañía. En cuanto a su deuda, deben casi 4.000 millones de euros a las entidades acreedoras, a los que hay que sumar otros 400 millones que deben a Hacienda. Paralelamente, la junta de accionistas ha reelegido a cuatro consejeros, entre ellos, al propio Santamaría, para los próximos cuatro años. Además del presidente, seguirán siendo consejeros: José Antonio Ruiz (ejecutivo), Emilio Novela (independiente) y BQ Finanzas (dominical, representado por Francisco Javier Porras). Asimismo, los accionistas han dado el visto bueno a las remuneraciones del Consejo de Administración, las cuales ascendieron a 1.599.000 euros en 2014, siendo inferiores a las del año anterior (1.888.000 euros). De estas, la de mayor cuantía fue la percibida por Santamaría, que fue de 1.087.00 euros. Cristina Martín cristina@hispanidad.com