En Bankia están preocupados. Se acerca el final del juicio por la salida a bolsa y la fiscal Carmen Launa, que no ha retirado la acusación de falsedad contable, pretende acusar a los implicados de cometer ese presunto delito. El asunto no es baladí y ha puesto en alerta a la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri.

Como recordarán, en noviembre de 2018, Launa rechazó aplicar la ‘doctrina Botín’, es decir, decidió mantener las acusaciones populares al considerar que “afectan a la comunidad” y no solo a los que acudieron a la OPV. Además, la fiscal hizo algo judicialmente inaceptable: no retiró la acusación de falsedad contable pero, al mismo tiempo, tampoco acusó a los implicados de ese presunto delito. Pero entonces, si no hubo falseamiento contable, ¿dónde está la estafa?

Hay que tener en cuenta que todos los particulares afectados por la OPV ya han recuperado todo su dinero. Así las cosas, cuando comenzó, muchos consideraron el proceso como un ‘trámite’ que terminaría sin condenados por falsedad contable. De hecho, el fiscal anterior, Alejandro Luzón, después de cinco años de instrucción, dejó fuera del caso a todo el Consejo de Administración. A todos menos a Rodrigo Rato, a José Luis Olivas, a José Manuel Fernández Norniella y a Francisco Verdú. A los cuatro les acusaba de falsedad, pero de la información que contenía el folleto de la salida a bolsa, no de las cuentas de la entidad.

Ahora, Launa pretende retomar esa acusación, aunque aún no ha dicho la última palabra. Su actitud ha merecido el reproche de la jueza Ángela Murillo, que considera inaceptable que la fiscal supedite la acusación de falsedad contable al devenir del proceso. En cualquier caso, Murillo tendrá que decidir y no es agradable para una juez negarle la libertad de identificación a la Fiscalía.

El futuro es incierto y mantiene en vilo, entre otros, al interventor general de Bankia, Sergio Durá, una pieza clave para Goirigolzarri y que, según el presidente, no puede caer.