Hong Kong utilizará una orden de emergencia por primera vez en más de medio siglo para prohibir las máscaras faciales en las reuniones públicas, según medios de comunicación locales como el South China Morning Post y el canal de noticias TVB, recoge El Financiero.

El Gobierno promulgará la Orden de Regulaciones de Emergencia después de una reunión especial del Consejo Ejecutivo de la ciudad el viernes, informó TVB.

Aprobada por primera vez por el Gobierno británico en 1922 para sofocar una huelga de marineros en el puerto de Hong Kong, la ley fue utilizada por última vez por la administración colonial para ayudar a sofocar disturbios que sacudieron el centro comercial en 1967.

La medida se producirá poco después de que un manifestante fuera baleado en manifestaciones violentas que una vez más sacudieron la ciudad el 1 de octubre, cuando el presidente Xi Jinping celebró 70 años de gobierno del partido comunista en Beijing. Algunos legisladores prochinos en Hong Kong pidieron el miércoles la prohibición de usar máscaras en las reuniones públicas para evitar que los manifestantes oculten su identidad a los agentes de policía.

Las autoridades creen que la ley antimáscara puede ayudar a restablecer el orden

El Gobierno volvió a evaluar la situación después de enfrentamientos en varios distritos el Día Nacional. Las autoridades creen que la ley antimáscara puede ayudar a restablecer el orden, dijo el informe, y agregó que solo se centraría en ocasiones como ciertas manifestaciones y marchas. Los detalles aún se estaban estudiando, dijo.

La ordenanza, denunciada anteriormente por los líderes de protesta como una forma de ley marcial, podría dar al Gobierno un mayor margen para arrestar a los ciudadanos, censurar publicaciones, cerrar redes de comunicaciones y buscar locales sin orden judicial, entre otras medidas. También permitiría a las autoridades implementar cualquier nueva regulación que el Gobierno cree que ayudaría a poner fin a "una ocasión de emergencia o peligro público".

Los disturbios comenzaron en junio en oposición a un proyecto de ley descartado que habría permitido extradiciones a China continental, pero desde entonces se ha expandido para incluir llamados a una investigación independiente sobre la violencia policial y una mayor responsabilidad democrática en la antigua colonia británica.