Recuerdo a Francisco Fernández Marugán, de la Transición. Es más, se trataba de un socialista de antes, mucho más que un progre amante de la justicia social. Era guerrista y experto en presupuestos. Verle ahora, como defensor del pueblo, pedirle al Gobierno que criminalice a los provida que acuden a las puertas de los abortorios para ofrecer ayuda a las mujeres tentadas de abortar a sus hijos, y que si perpetran el aborto acabarán irremisiblemente dañadas de por vida, da mucha pena.

Y sin duda el Gobierno Sánchez le apoyará. Porque ya no se trata de despenalizar el aborto sino de hacerlo casi obligatorio y, en cualquier caso, de penalizar a los defensores de la vida.