El Gobierno ha negado que esté dando un trato de favor a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos por el hecho de facilitarle asistencia jurídica sin contraprestación y lo achaca a que dicha entidad está vinculada a Patrimonio Nacional y tiene un estatus especial que, aunque tiene carácter transitorio desde los años ochenta, sigue sin modificarse, informa ABC.

Fue Compromís quien pidió explicaciones al Gobierno en el Congreso tras publicarse el pasado enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado y la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que permita a esta entidad contar con abogados del Estado en sus posibles litigios. El diputado de Compromís, Joan Baldoví, denunciaba «un trato muy distinto» con otras fundaciones, que por los servicios de la Abogacía del Estado pagan anualmente una cantidad que en algunos casos llega hasta los 20.000 euros, añade ABC.

En cualquier caso, cabe recordar lo que contó Hispanidad: el Gobierno ya adeuda 700.000 euros a los benedictinos, dinero necesario para mantener toda las actividades que los monjes realizan en el valle.