El Gobierno ha aprobado una nueva norma -la enésima- sobre auditoría. La ministra María Jesús Montero presume de haber restablecido las incompatibilidades entre auditoría y consultoría, que es lo que situaría a las Big Four (que de eso estamos hablando) en un problema.

En primer lugar, es falso. El reglamento del auditor que aprobó el Consejo de Ministros el martes 12 de enero recuerda aquello de que todo cambie para que nada cambie. 

El problema con la auditoría -sobre todo de E&A, Deloitte, KPMG y PwC, las conocidas como Big Four- es que el negocio auditor no da ni para pipas. Está tasado. Lo que da dinero es la consultoría, el asesoramiento. Ahora bien, el cliente es el mismo y cuando acaba su periodo de ‘oídor’ intenta hacerse con la asesoría de la misma compañía, mucho mejor pagada. Porque donde se audita no se asesora y viceversa.

Ahora bien, no ha cambiado nada tras las normativa Guindos. Claro que no puedes ejercer ambas funciones al mismo tiempo, pero, ¿me van a decir ustedes que si audito a una compañía con la promesa de que luego la asesoraré voy a ser firme y frío en mi análisis? ¡Anda ya!

No es una caricatura, es explicación, ciertamente somera, de la cuestión. Las cuatro grandes son auditoras y consultoras y llevan años burlando la incompatibilidad. Además se puede burlar la incompatibilidad de muy diversas formas.

Lo más acertado sería pagar mejor la función de auditor y establecer una incompatibilidad vitalicia en persona y, sobre todo, en las grandes firmas.

O te dedicas a una cosa o te dedicas a la otra, auditor o consultor.

Insisto: la norma de la que presume la ministra portavoz, María Jesús Montero, no cambia nada. Las ‘big four’ seguirán cumpliendo la letra de la ley y burlando su espíritu.

Y por cierto: no existen firmas de auditoría española dignas de tal nombre. Ya es hora de crear una de la misma forma que ya es hora de crear una agencia de riesgo española, al menos europea. Si no, estamos desarmados.