• Desconfía de los arbitrajes y quiere que sean los tribunales de justicia los que resuelvan los pleitos planteados.
  • Pero hay empresas y fondos que han elegido la vía del arbitraje para 'recuperarse' del susto de las dos últimas reformas, de Sebastián y Soria.
  • Uno de los comités de arbitraje ha dado la razón a un grupo de inversores fotovoltaicos europeos. No es la primera vez.
  • Los eólicos llevan mal la falta de ayudas: la patronal pide correcciones en la reforma Soria para atraer los 7.000 millones de inversiones que necesita el sector.

El ministro de Industria, José Manuel Soria (en la imagen) es consciente de que tiene muchos frentes abiertos por los cambios en política energética, los suyos y los que le dejó la etapa del PSOE, con los que se ha intentado poner algo de orden en las abultadas subvenciones o primas a las energías renovables (el sistema era inviable). Pero Soria insiste en acogerse al criterio del Tribunal Supremo -donde se acumulan miles de pleitos por las dos reformas eléctricas-, que ya avaló el recorte de primas a la energía fotovoltaica y negó que el Gobierno hubiera atentado contra la seguridad jurídica. Paralelamente, otros demandantes optaron por la vía de los comités de arbitraje, amparándose en la legislación internacional, para plantear sus reclamaciones a Industria. Ahí siguen, aunque desde el Gobierno se insiste en que las reformas fueron aprobadas por el Parlamento y que se trata de garantizar sólo una "rentabilidad razonable", no desorbitada y sin riesgo como las de antaño. La primera corrección a la pesada carga de las primas, sobre todo a la energía solar (plantas termosolares como las de Abengoa e instalaciones fotovoltaicas) arranca de la etapa de Zapatero, a quien le dio un ataque de nervios con el impulso de las energías verdes del que todavía no nos hemos repuesto. ZP se subió a ese carro, pero sin tener en cuenta el lastre que supondrían esas ayudas. El ministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, puso una primera zancadilla a la generosa política de Zapatero en 2010 con un recorte del 30% de las subvenciones (que suponía un ahorro de 2.200 millones entre años). Y esa política fue alargada por el Gobierno Rajoy, amparándose en el coste que suponía para los consumidores de electricidad. Esas primas hacían inviable el sistema, al menos en términos y costes económicos, y se modificaron con reformas aprobadas en el Parlamento, que es el principal argumento al que se acoge el Estado para defenderse de las numerosas reclamaciones presentadas. Vamos, que no se resignan a perder ayudas, ni aceptan la reforma energética posterior de Soria, con la que han añadido tasas a las eléctricas, que también afectan a las energías renovables, especialmente a la eólica. Y es que Soria, consciente de que muchas de las primas estaban vinculadas a los contratos anteriores, endureció las tasas, lo que ha provocado otro foco de pleitos por el mismo motivo, inseguridad jurídica. En cualquier caso, no hay primas para las nuevas instalaciones, lo cual es otro foco de quejas. Este mismo lunes, José López Tafall, presidente de la Asociación Empresarial Eólica, pedía que se introduzcan correcciones a la reforma Soria para recuperar así la confianza, y que el sector pueda atraer los 7.000 millones de inversiones que necesita hasta 2020 para poder instalar entre 5.000 y 6.000 megavatios, que son los objetivos previstos con Europa. Son los planes 20/20 (que en 2020, el 20% de la producción eléctrica sea de origen renovable). El País informa este lunes de que unos de esos comités de arbitraje ha dado la razón a un grupo de inversores fotovoltaicos europeos y se ha declarado competente para juzgar las reclamaciones de inversores comunitarios, lo que interpreta como el primer revés para España por el recorte de ayudas a las renovables. El Gobierno pretende que estos casos se dirimieran en el Tribunal Europeo de Justicia. Hablamos de primas extraordinariamente cuantiosas -sólo en 2014 sumaron la friolera de 7.500 millones de euros, aunque llagaron a ser de 9.000 millones en años anteriores- y de muchas reclamaciones por recortarlas. Como explicaba la semana pasada Manuel Marín Quemada, presidente de la CNMC, está muy bien que se hayan recudido del 9.000 a 7.500 esas ayudas, que pagan los consumidores, pero siguen siendo una burrada de dinero. Y entre los demandantes hay fondos soberanos, como el de Abu Dabi, empresas alemanas, fondos de inversión y de pensiones, grandes corporaciones como RWE, etc… Y es que tal como estaba planteado el negocio, gracias a las primas, las altas rentabilidades estaban aseguradas y sin riesgo. Incluso se vendían instalaciones, una vez construidas, simplemente por su rentabilidad. Rafael Esparza rafael@hispanidad.com