• La Audiencia de Madrid reabre la querella por prevaricación de los técnicos de Hacienda contra altos cargos de la Agencia Tributaria en 2010.
  • Hacienda facilitó regular la situación de los defraudadores mediante declaraciones complementarias de la renta.
  • Los evasores evitaron así penas de hasta seis años de cárcel y la AEAT recaudó por esa vía 260 millones de euros.
  • Montoro tiene pendiente, mientras, si actúa contra las prácticas bancarias fraudulentas del gigante británico. Esa sí que sería una decisión aplaudida.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decía el lunes 9, sacando pecho, que el efecto en España del escándalo por el fraude fiscal masivo desde la filial suiza del banco británico HSBC era agua pasada. Confirmaba, en concreto, que la Agencia Tributaria "ya actuó en la anterior legislatura" sobre los nombres de los españoles que aparecían en la primera lista de Hervé Falciani, el ex empleado del HSBC en su sede de Ginebra. Y digo sacando pecho porque a renglón seguido añadió que esa lista "era sólo el aperitivo", comparado con todo lo que está haciendo Hacienda en esta legislatura. Fue tal su entusiasmo que al día siguiente tuvo que rectificar sobre la 'menudencia' del asunto y anunciar que había solicitado ya a la Abogacía del Estado "el estudio de cuantas acciones legales puedan ejercerse frente a HSBC por su participación en la comisión de fraude fiscal, blanqueo y otros ilícitos cometidos por residentes españoles". Pues bien, a ese frente de Montoro, si realmente quiere afrontarlo, se le añade otro, al que también tendrá que estar atento: la reapertura del caso que pide la Audiencia Provincial de Madrid para saber si en la amnistía fiscal de 2010 hubo o no delito de prevaricación por parte de los entonces responsables de la Agencia Tributaria. Los defraudadores se acogieron entonces a fórmulas para evitar penas de hasta seis años de cárcel. Ese mecanismo permitió a Hacienda recaudar 260 millones, de los cuales 200 fueron abonados por la familia Botín.

No deja de ser, esto último, un apéndice del escándalo de las cuentas suizas escondidas en el HSBC, pero, en cualquier caso, menos importante que las sombras de duda que se han disparado en medio mundo por las fraudulentas prácticas bancarias del gigante británico. Este jueves les contábamos como Bélgica, el único país había planteado seriamente órdenes de detención contra directivos anteriores y actuales del HSBC, también se había rendido al retirar esa amenaza.

¿Qué ha pedido la Audiencia Provincial de Madrid? Ha instado al Juzgado de Instrucción número 37 de la capital que investigue si hubo un delito de prevaricación en la actuación de los altos cargos de la Agencia Tributaria (AEAT), al permitir que los defraudadores conocidos por la lista Falciani pasaran página a través de declaraciones complementarias de la renta o de patrimonio, en lugar de abrir una investigación. Los afectados son María Dolores Bustamante, entonces directora de Gestión Tributaria, y Carlos Cervantes, entontes director de Inspección. La Audiencia madrileña ha 'aparcado' del caso, sin embargo, al ex director general de la AEAT Juan Manuel López Carbajo.

Fue precisamente el Juzgado de Instrucción número 37 el que no admitió a trámite la querella presentada en su día por el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) contra los responsables entonces de la AEAT. 

Pues bien, es ahora la Audiencia de la Madrid la que le pide que investigue de nuevo si hubo delito de prevaricación. En aquella ocasión, 2010, se conocieron los nombres de más de 659 clientes españoles de la filial suiza del HSBC incluidos en la lista de Hervé Falciani con cuentas ocultas. A partir de ahí, la Agencia Tributaria envío un requerimiento a los afectados para que presentaran en el plazo de 10 días declaraciones complementarias del IRPF y del Impuesto de Patrimonio. Era el modo de evitar que fueran punibles sus posibles delitos fiscales. El juzgado consideró que valía con esa autoliquidación y la correspondiente multa.

Rafael Esparza
rafael@hispandidad.com