Los siete reactores nucleares que hay en España se cerrarán entre los años 2027 y 2035. A partir de entonces -a Teresa Ribera le hubiese gustado que fuera antes-, nuestro país tendrá que contar con tecnologías alternativas para cubrir la energía que generan actualmente y que en marzo llegó a ser, nada más y nada menos, el 26% de la energía consumida.

Ahora bien, el problema no es de suministro, y Pedro Sánchez lo sabe. Por eso, la ministra de Transición Ecológica, la más verde de todo el Gobierno, se puede permitir el lujo de perpetrar la bestialidad que supone suprimir la energía más intensiva, más barata… y más limpia de todas: la nuclear. Ribera sabe, al igual que Sánchez, que el cierre de las nucleares no conlleva riesgos de suministro en nuestro país gracias a térmicas, hidráulica y renovables.

Sánchez quiere colgarse la medalla de ser el presidente que acabó con la nuclear, cueste lo que cueste

El problema es de precio. Al cierre de las nucleares -sólo su desmantelamiento costará unos 18.000 millones de euros- se suma el fin del carbón en 2030 y, más difícil todavía, que ese año las renovables representen el 42% del total de la energía consumida en España. Y ojo, porque estamos hablando de la eólica, la fotovoltaica y la hidráulica, principalmente, tres tecnologías que dependen del viento, del sol y de la lluvia y que, por lo tanto, no ofrecen estabilidad al sistema. Y, en cualquier caso, el problema de cerrar las nucleares es que disparará el precio de la luz, algo que resulta poco electoral.

En otras palabras, sustituir el 26% de la nuclear consumida en marzo por renovables va a salir carísimo, a pesar de que, según datos del Ministerio, la eólica representa el 32% del total de la potencia instalada en España, la solar fotovoltaica, el 23,5% y la hidráulica, el 10%. Pero una cosa es la potencia instalada y otra bien distinta, la generación. La nuclear, sólo con el 2% de la potencia instalada, produce más del 20% del total de la energía consumida.

La locura ecológica de Zapatero disparó el déficit de tarifa, que comenzó con Aznar. Ahora, Sánchez quiere colgarse la medalla de ser el presidente que acabó con la nuclear, cueste lo que cueste. Al fin y al cabo, el dinero público no es de nadie y, si por algún casual encontrara dueño, la factura la pagaría el que venga detrás.