El pasado martes, la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, presentó el anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE), con la vista puesta en que España alcance la neutralidad en emisiones en 2050. Sin embargo, persiste en el error de no contar con las nucleares, que son clave en la descarbonización, y ha bajado objetivos. Para las eléctricas y la CNMC, el anteproyecto refleja más bien “deseos”, pues no fija ni exige ninguna cifra de inversiones para conseguir los objetivos.

Es más, la propia palabra inversiones sólo aparece en seis ocasiones en la exposición de motivos del anteproyecto, que consta de un total de 49 páginas (ver en este enlace) y que ya se ha enviado a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria. Al hilo de esto, conviene recordar que el último borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que fue remitido a Bruselas el pasado 31 de marzo, estimaba una movilización de 241.400 millones de euros en esos años, que “se destinarán, fundamentalmente, al impulso a las renovables, a medidas de ahorro y eficiencia, y a electrificación y redes”. De esta cifra, el 80% se realizará por parte del sector privado y el 20% restante, distintas administraciones públicas, incluyendo financiación europea.

Por ello, extraña que en el PLCCTE no aparezca ninguna cifra de inversiones y se hable de cumplir los Acuerdos de París (firmados el 12 de diciembre de 2015). Conviene recordar que las inversiones son clave para alcanzar la neutralidad en emisiones y, en parte,dependen de que se animen las subastas de renovables, pero se ha quitado el objetivo de subastar 3.000 megavatios al año. Además, las inversiones son fundamentales para conectar dichas renovables a la red. Eso sí, el regulador aplaude que Red Eléctrica y Enagás tengan que comunicarle las actividades relacionadas con su diversificación (en concreto, sobre el negocio no regulado) y la internacionalización, aunque pide ser incluido en el grupo de organismos que elaborarán informes sobre el riesgo que para el sistema financiero y energético español representa el cambio climático, como se puede ver en este informe.