El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles el procesamiento por rebelión de Carles Puigdemont y de otros 14 investigados en esta causa, entre los que está ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell. La clave está en que el Alto Tribunal considera que existió un “alzamiento” con uso “tortillero” del poder para lograr la independencia de Cataluña. Todo al margen de la ley, naturalmente.

El dictamen del Supremo llega en un momento crítico para el Gobierno de Pedro Sánchez, que busca como sea contentar a sus socios de investidura de ERC. De hecho, pocas horas antes, en el Congreso, el líder de ERC, Joan Tardà, acusó a Sánchez de “dinamitar” el diálogo al pedir al president que pasara página del 1-O.

El dictamen del Supremo llega en un momento crítico para el Gobierno de Pedro Sánchez, que busca como sea contentar a sus socios de investidura de ERC

Sánchez le ha intentado convencer de que, en realidad, le había pedido al president Torra que abandonara la “unilateralidad”, no el procès separatista. Es más, Sánchez ha instado al líder republicano a buscar puntos de acercamiento con el Gobierno. Lo cierto es que el presidente necesita más a ERC que ERC al Gobierno. Y, en paralelo, Pablo Iglesias visitó el martes en la cárcel a Jordi Cuixart y a Jordi Sànchez. "No es sensato que en España haya presos políticos", aseguró el líder de Podemos tras la visita.

Sea como fuere, toda la estrategia pactista de Sánchez se ha venido abajo poco después con el pronunciamiento del Supremo, que se ha situado en el punto más duro: rebelión y descabezamiento del separatismo catalán. Y no es ninguna tontería: el delito de rebelión conlleva 20 años de prisión y el de incitación a la rebelión, siete.