Este miércoles seis asociaciones profesionales de guardias civiles (AUGC, AEGC, ASES-GC, UO, UnionGC y APC) han presentado una denuncia contra el Gobierno en los Juzgados de Plaza Castilla. El Ministerio del Interior contrató a una consultoría externa -Ernst & Young- para que realizara un informe para dar cuenta de la equiparación salarial. No obstante, las asociaciones afirman que han tenido lugar varias irregularidades en el proceso que perjudican al cuerpo de seguridad.

“Queremos una equiparación salarial real -recalcó-. No puede ser que un guardia civil se jubile cobrando 1.300 euros y un mosso, con 2.000 euros” comentaba el 26 de marzo Enric Marco, presidente de la asociación Justicia Guardia Civil. A esto se une la información que recoge La Razón, donde explica que la diferencia entre las nóminas de un mosso y un guardia civil puede llegar a los 18.691 euros anuales.

Las explicaciones del Gobierno no convencen a los guardias civiles, que ni siquiera han podido comprobar lo que recoge el informe de equiparación salarial

Alberto Moya, secretario general de la AUGC, afirma que “si el Gobierno obstaculiza nuestra legítima actividad, no queda más remedio que venir a los juzgados y que sea el juez el que nos facilite el informe”. Según el texto de la denuncia, al firmarse el acuerdo de equiparación se llegó al compromiso de trasladar los trabajos y estudios elaborados por una consultoría externa a estas asociaciones. No obstante, dicho traslado jamás tuvo lugar.

El ministro del Interior justificó la ausencia del mismo el pasado día 27 de marzo, alegando que se había rechazado el trabajo al adolecer, según la versión del Ministerio, de un estudio de equiparación puesto a puesto de trabajo entre Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil, dando un nuevo plazo de cuarenta y cinco días hábiles para la finalización del trabajo por parte de la Consultoría. Se trata de unas explicaciones que no han convencido a las asociaciones, ya que ni siquiera han podido comprobar por sí mismas lo que recoge dicho informe.