Estamos en el Procés-2, es decir, el separatismo vasco, ecabezado por el PNV y que sigue los pasos del separatismo catalán. Nada de tiros, sólo pacifismo injurioso...

El PSE pretende incorporar al futuro Estatuto vasco, en el que trabajan los grupos parlamentarios, dos modificaciones respecto a las atribuciones del Poder Judicial en Euskadi que comparten PNV y EH Bildu. La propuesta de los socialistas vascos reconoce que el Poder Judicial «es un poder del Estado», pero reclama un «sistema propio de tratamiento penitenciario» que complementaría el control sobre las prisiones al que también aspiran los socialistas como competencia recogida en el Estatuto de Gernika en vigor, informa El Mundo.

Los socialistas vascos enmarcan este «sistema propio de tratamiento penitenciario» en «términos compatibles» con la Constitución española y dan por hecho que de esta manera se conseguirá «ejecutar con mayor eficacia las medidas aplicables a los presos».

Hasta ahora, los dos partidos nacionalistas han impuesto su mayoría para aprobar los primeros documentos de trabajo del «nuevo estatus vasco» a partir del reconocimiento del derecho a decidir y con exigencias competenciales que obvian los límites establecidos en la Constitución española.

Así que el Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) no sólo respalda la transferencia al Gobierno regional de las prisiones vascas, bajo control estatal, sino que pretende que la capacidad para contar con un «sistema propio de tratamiento penitenciario» se incorpore al futuro Estatuto. Los socialistas concretan así una iniciativa sobre la que ya se posicionó Patxi López siendo lehendakari y lo hacen cuando los partidos nacionalistas (PNV y Bildu), tras apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez, esperan los primeros gestos en reivindicaciones competenciales como el de las tres cárceles situadas en Euskadi.

La intención de los socialistas vascos de incorporar este sistema penitenciario como una atribución en el futuro Estatuto coincide con los primeros contactos entre el Ejecutivo autonómico de Iñigo Urkullu (integrado por nacionalistas y socialistas) con el Gobierno de Pedro Sánchez. PNV y PSE-EE pactaron al inicio de esta legislatura, en 2012, que tanto la transferencia de las prisiones como la gestión de la Seguridad Social constituían dos prioridades y el lehendakari Iñigo Urkullu reclamó en varias ocasiones al entonces presidente Mariano Rajoy el inicio de una negociación entre ambas administraciones para proceder a su traspaso. Entonces con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como interlocutora y, ahora, a la espera de una primera cita con la ministra Meritxell Batet, será el consejero y portavoz Josu Erkoreka el encargado de acelerar la reclamación de estas transferencias.

Los nacionalistas dan por hecho que, como tarde tras el verano, se abrirá la negociación formal entre ambos Ejecutivos para estos dos traspasos, mientras tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, recordarán al presidente Pedro Sánchez la invitación a que se constituya una mesa conjunta para abordar una nueva política penitenciaria con los presos de ETA, en una iniciativa conjunta que anunciaron solemnemente en el palacio de Bertiz tras el anuncio de disolución de la organización terrorista.

El PSE-EE también pretende la creación en Euskadi de un «Consejo de Justicia» propio que, en este caso, sigue a los que ya se han puesto en marcha en otras comunidades autónomas, como Castilla y Léon, Extremadura, Aragón o la Comunidad Valenciana. Se trata de un órgano que se queda muy lejos de lo que demandan para Euskadi tanto el PNV como EH Bildu, que en la reunión que la ponencia de Autogobierno celebrará el próximo miércoles, seguirán insistiendo en la constitución de un Poder Judicial propio en el que constituya un Consejo General del Poder Judicial Vasco, con independencia absoluta del español.