• Los nacionalistas vascos vuelven a las andadas, aprovechando que el Gobierno tiene que aprobar los PGE y que los separatistas catalanes andan subidos al monte.
  • Su última exigencia es la de un Nuevo Estatus Político para Euskadi para conseguir una relación "bilateral" con el Estado de "naturaleza confederal".
  • Eso sí, en un texto retorcido como una viruta.
  • Sin embargo, según Funcas, solo el 27% de los vascos es separatista
Ya lo dijo el peneuvista Xavier Arzallus en su día. En el País Vasco, unos agitan el árbol (ETA) y otro recogen las nueces (el PNV). Y los nacionalistas vascos vuelven a las andadas, aprovechando que el Gobierno tiene que aprobar los PGE y que los separatistas catalanes han echado al monte. Su última exigencia es la de un Nuevo Estatus Político para Euskadi para conseguir una relación "bilateral" con el Estado de "naturaleza confederal". La ponencia del Parlamento Vasco mantuvo ayer una reunión en Vitoria en la que los grupos plantearon sus propuestas de bases para reformar el Estatuto de Autonomía. Así, el PNV planteó "una nueva forma de vinculación con el Estado español", articulada en "exclusiva a través de los derechos históricos que reconoce y ampara la disposición adicional primera de la Constitución" y que formalice una "relación singular y bilateral basada en el pacto". Según informa El Mundo, las propuestas del 'Plan Urkullu' son casi las mismas que las del 'Plan Ibarretxe', rechazado por el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2005: un nuevo estatus político basado en derechos históricos, un sistema judicial independiente, una seguridad social autónoma, representación directa en los organismos internacionales... Por ejemplo, el reconocimiento como nación. Ahora, el PNV afirma sin tapujos que "el pueblo vasco es nación porque cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado y porque, además, así lo reconoce e identifica una mayoría de su ciudadanía". Es por ello que exige al Estado "una relación singular y bilateral basada en el reconocimiento de la realidad nacional de ambas partes" y lo que llama un "acuerdo convivencial", sin ataduras jurídicas. El Derecho a decidir se formula de esta manera: "El texto articulado que se elabore sobre estas bases y principios será la formulación jurídico-positiva de un ejercicio pactado del derecho democrático de la ciudadanía vasca a decidir su estructura política y su régimen de convivencia, esto es, a decidir sobre su futuro, para lo cual habrá de dotársele a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de un valor normativo relevante". Dice la propuesta del PNV que "la actualización del autogobierno vasco debe atender al principio de legalidad", lo que en principio marcaría una línea roja respecto al proceso soberanista en Cataluña. Sin embargo, a continuación se introduce el concepto de principio democrático para afirmar: "No obstante, el respeto a la legalidad no debe provocar la vulneración del principio democrático. Un principio que exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca. Un principio que es también, con igual o superior fuerza, legalidad vigente". En cuanto a su relación con Navarra, ya ocurrió con el plan Ibarretxe y se recupera ahora: "La actualización del autogobierno vasco debe reconocer el derecho a establecer vínculos políticos y las relaciones internas de cooperación con la Comunidad Foral de Navarra", además de con los territorios del País Vasco francés. Y tiene una petición irrenunciable una vez más: una selección deportiva nacional. El reconocimiento de la proyección internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas vascas, de cara a su plena incorporación a las organizaciones análogas del ámbito internacional". Sin embargo, según Funcas, el 36% de los catalanes opta por la independencia frente al 27% de los vascos y el perfil independentista "medio" es similar en ambos casos: jóvenes, residentes en pequeños municipios, con estudios superiores y que hablan catalán o euskera como lengua materna. Andrés Velázquez andres@hispanidad.com