El Gobierno Sánchez, pese a estar en funciones, insiste en su proyecto de cargarse las autopistas de peaje en España. Ahora ya no los pagarán los que usen estas vías, sino que lo haremos todos los españoles, pues el Estado asumirá su gestión y mantenimiento a medida que vayan venciendo.

Una medida que no se entiende, y más teniendo en cuenta un antecedente cercano: cuando la Unión Europea rescató a Portugal, la primera medida que adoptó fue que todas las autopistas fueran de pago. Sin embargo, en España parece que sobra el dinero y podemos gastar y gastar, pese a que Bruselas ya ha dado un aviso, porque asumir la gestión de las autopistas de peaje supone menos ingresos y más gastos -mantenimiento y pago de impuestos (por ejemplo, el IBI de los municipios que atraviesan).

Asumir la gestión de las autopistas de peaje supone menos ingresos y más gastos -costes de mantenimiento y pago de impuestos, principalmente-

El pasado 30 de noviembre venció la AP-1 entre Burgos y el límite provincial de Álava, que hasta ese momento gestionaba Europistas, sociedad participada de Itínere. La primera consecuencia de que el Estado asumiera la gestión fue un ERE para 111 empleados, pues otros 62 quedaron subrogados para encargarse del mantenimiento. Precisamente, al hilo de este último tema, el Ministerio de Fomento ha anunciado la adjudicación de un contrato de conservación y explotación a la empresa Ferroser Infraestructuras, filial de Ferrovial, por 10,65 millones de euros. 

El próximo 31 de diciembre vencerán las concesiones -palabras mayores- del tramo más importante de la AP-7 (Tarragona-Valencia-Alicante) y de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, en total 468 kilómetros que ahora gestiona Aumar, filial de Abertis. Este miércoles, la compañía ha anunciado un ERE para 140 trabajadores. Recientemente, José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones, ha asegurado que el citado tramo de la AP-7 “dejará de tener peajes. Hemos licitado la conservación de esa carretera con cargo al Presupuesto General para cuando llegue su vencimiento, igual que la AP-4 de Sevilla-Cádiz”, en declaraciones a la televisión autonómica valenciana À Punt.

El peaje vencido de la AP-1 y los que acaban próximamente en la AP-7 y AP-4 suponen EREs que afectan a un total de 251 empleados

Pero a estas autopistas de peaje se unirán otros tramos el 31 de agosto de 2021: la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo, y la AP-7 entre Tarragona y La Junquera (incluido el tramo entre Montmeló y El Papiol); es decir, un total de 479 kilómetros. Hasta entonces, la gestión seguirá en manos de Acesa, otra filial de Abertis, que emplea a 983 personas.

Sin duda, Abertis será la empresa más afectada en este proyecto del Gobierno Sánchez. Por ejemplo, con el fin de la concesión de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, dejará de ingresar 146 millones de euros, cifra a tener en cuenta y más cuando supuso el 48% de su facturación total en 2018.

Seopan calcula que mantener las autopistas de peaje cuesta 1.000 millones anuales, a estos hay que sumar los 11.000 de las autovías y las radiales quebradas (1.800-5.000)

Pero los más perjudicados seremos todos los españoles. Desde Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras), calculan que mantener las autopistas de peaje que vencerán hasta 2021 costará unos 450 millones de euros anuales, y si a estas se suma toda la red de pago, el importe ascenderá a 1.000 millones. Y a estas cifras hay que sumar los 11.000 millones del mantenimiento de las autovías y la factura de las radiales quebradas (el Gobierno habla de 1.800 millones, pero las concesionarias piden entre 3.700 y 5.000 millones).