- La Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo establece el derecho al homomonio sino que obliga a cada país a legalizarlo y promocionarlo.
- Ni el muy progre Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se atrevió a definir el gaymonio como un derecho. Es más, hizo lo contrario.
- Respecto al cambio de sexo, lo convierte en un mero trámite administrativo.
- Y naturalmente, la CIDH niega el peso de las convicciones religiosas.
Recientemente, se ha conocido el fallo más aberrante de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y es que obliga a todos los países americanos a legalizar el
homomonio y el
cambio de sexo. ¡La cosa es muy grave!
En concreto, así se recoge
en la opinión consultiva 24/17 solicitada por Costa Rica sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Pero la CIDH (
en la imagen, los siete jueces que la componen) no sólo establece el
derecho al matrimonio homosexual sino que obliga a cada país a
legalizarlo y promocionarlo. Claro que lo hace usando eufemismos y lenguaje políticamente correcto: señala que los Estados deben proteger los derechos patrimoniales de las personas del mismo sexo, aunque dicha protección "transciende los derechos patrimoniales y se proyecta a
todos los derechos humanos, reconocidos a parejas heterosexuales".
Así,
pone al mismo nivel a parejas del mismo sexo y a las formadas por un hombre y una mujer. Por eso considera que "crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero
que no lleve ese nombre carece de sentido" y sería discriminatorio. "Siempre y cuando exista la voluntad de relacionarse de manera permanente y conformar una familia, existe un vínculo que
merece igualdad de derechos y protección sin importar la
orientación sexual de sus contrayentes", añade.
Y por si estos argumentos no fueran suficientes, la CIDH señala que
los derechos patrimoniales de las personas del mismo sexo están protegidos en la Convención Americana. ¡Falso! En dicha Convención no hay ninguna referencia a estos.
Pero conviene reiterar la gravedad del asunto porque ni el muy progre
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), con prestigio jurídico a nivel mundial, se atrevió a definir el gaymonio como un derecho. Es más, hizo lo contrario: el 9 de junio de 2016
resolvió por unanimidad de los 47 jueces que "
no existe el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo".
Respecto al
cambio de sexo, la CIDH lo convierte en un
mero trámite administrativo. De hecho, no ve necesario exigir certificaciones médicas o psicológicas ni tampoco operaciones quirúrgicas o psicológicas, le basta con la expresión de la voluntad "libre e informada". Por ello, señala que la protección de los Estados debe extenderse al cambio de nombre, la adecuación de la imagen y
la modificación sexo o género en los registros y en los documentos de identidad de acuerdo al sexo auto-percibido. Y vuelve a engañar, diciendo que "la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas en la Convención Americana".
Una postura que refleja cómo la CIDH se ha convertido en una fiel seguidora de la
ideología de género, la cual está impregnando todo para satisfacción del
Nuevo Orden Mundial (NOM) y se empeña en separar género y sexo. Todo ello para defender la
homosexualidad y el transexualismo, demonizando a quienes se oponen porque 'lo correcto' es ir a favor del colectivo LGTBI.
Y naturalmente, la CIDH niega el peso de las
convicciones religiosas. En concreto, considera que "no pueden condicionar lo que la Convención establece respecto de la discriminación basada en orientación sexual.
Es así como en sociedades democráticas debe existir coexistencia mutuamente pacífica entre lo secular y lo religioso; por lo que el rol de los Estados y de esta Corte, es reconocer la esfera
en la cual cada uno de éstos habita, y en ningún caso forzar uno en la esfera de otro".
Claro que obligando a todos los países de América a legalizar el
homomonio y el cambio de sexo, algunos creen que la CIDH se ha extralimitado en su mandato: ya se están recogiendo firmas en
CitizenGO.
Cristina Martín
cristina@hispanidad.com
