María Antonia Álvarez, hermana de, Isidoro Álvarez, considera que la adopción de Marta y Cristina Álvarez Guil por el anterior presidente de El Corte Inglés (ECI), no fue legal y debe ser anulada.

Para ello, la hermana de Isidoro presentó la correspondiente reclamación ante los tribunales, que se verá en la Audiencia Previa, en el juzgado de primera instancia núm. 10 de Madrid, el próximo miércoles 29 de mayo. Todo el Corte Inglés (ECI) vive pendiente de este caso, porque no hace falta ser expertos en jurisprudencia para saber que si la juez decide que las hermanas Marta y Cristina no son legítimas herederas, un terremoto sacudiría El Corte Inglés y a sus más de 90.000 trabajadores (más otros 45.000 ‘empotrados’).

Si los tribunales anularán la adopción de Marta y Cristina Álvarez Guil, un terremoto sacudiría los grandes almacenes

Y la novedad estriba en que César Areces Fuentes (en la imagen) quiso personarse en la causa y la juez acaba de desestimar la solicitud porque “no resulta acreditada la existencia de interés directo y legítimo en el resultado del pleito”.

Entonces, ¿por qué ha provocado tanto nerviosismo en ECI? Pues, porque en la propia resolución, la juez justifica la decisión de Areces (aunque insistimos, la desestima) al dar carta de naturaleza a la posibilidad, como cuestión a dirimir, de que a Marta y Cristina “no se las considere hijas del señor Álvarez”. Por decirlo así: la negativa a Areces abre la hipótesis a María Antonia.

En cualquier caso, el bufete Pérez Llorca, que lleva la defensa de Marta y Cristina, insiste en su argumento: La hermana de Isidoro no está legitimada para intervenir, por lo tanto, el juicio debe archivarse en la Audiencia Previa. Ahora bien, si la juez considera que sí, y entra en el fondo de la cuestión, el asunto puede suponer un verdadero seísmo, incluida la posibilidad de que Dimas Gimeno podría retornar a la Presidencia de El Corte Inglés.

Incluso podría suponer el retorno de Dimas Gimeno a la Presidencia

Y esto, porque, a nadie se le oculta que si la adopción de Marta y Cristina fuera declarada ilegal, también dejarían de ser las accionistas de referencia de El Corte Inglés o, al menos, perderían las subvenciones fiscales correspondientes a unas herederas en primer grado. Para que se hagan una idea, la Comunidad de Madrid ya reclama a Marta y Cristina Álvarez Guil 400 millones de euros.

No es de extrañar que haya nerviosismo en la casa.