- Tumba la hoja de ruta independentista tras admitir a trámite el recurso del Gobierno.
- Y endurece el tono contra Forcadell y Puigdemont: pueden incurrir en responsabilidad penal.
- Pero los afectados no se dan por enterados: en proclamas, el desafío sigue donde estaba.
- "Hasta aquí la operación diálogo", contesta la portavoz de la CUP, Anna Gabriel.
Principio de acción y reacción, que en el caso de
proceso catalán es lo mismo a una sentencia mientras la parte sentenciada ignora las consecuencias. Pasa lo mismo con el
Tribunal Constitucional, que ha endurecido el tono, este miércoles, al paralizar el
referéndum para la independencia de
Cataluña, pero a sus promotores les da igual que les da lo mismo: el referéndum, dicen, se celebrará.
El Tribunal Constitucional ha tumbado la
hoja de ruta independentista al admitir a trámite el
recurso del Gobierno contras las resoluciones del Parlamento de Cataluña, aprobadas en octubre, para abrir el
proceso constituyente, que incluye, naturalmente, la convocatoria de un referéndum en 2017, al margen del Gobierno.
Llueve sobre mojado, como quien dice, porque la decisión, tomada por
unanimidad de los miembros del TC, no hace sino alargar otras sentencias y advertencias previas en el mismo sentido del propio tribunal. Y también por las reacciones del independentismo catalán, cada vez más escorsetado en la
insumisión -verbal, más que violenta-, a la espera de resultados políticos. Es la táctica instaladada, desde la Generlitat al último ayuntamientos, con fiestas, símbolos o lo que se ponga por delante.
La nota distintiva, esta vez, es el tono más duro que emplea el Tribunal Constitucional. Lanza una advertencia, en concreto, a
Carmen Forcadell, presidenta del Parlament, y al
president Puigdemont, sobre las "eventuales responsabilidades, incluida la penal en las que pueden incurrir" si no paralizan la iniciativa. En esa lista están también miembros de la Mesa de la cámara y del Consejo de Gobierno.
Los
señalados disponen ahora de 20 días para presentar los
informes que prueben si las actuaciones parlamentarias de octubre contravienen o no la
sentencia de diciembre de 2015 -la que anuló la declaración de independencia del 9 de noviembre de ese año- pero las reacciones posteriores a la sentencia dejan pocas dudas de que el desafío sigue en el puntos que estaba.
En otras palabras, que el TC (o el Gobierno)
pueden decir lo que le dé la gana, pero las instituciones catalanas (Parlament y Generalitat) tienen toda la legitimidad para convocar el referéndum, un "compromiso inequívoco", como ha señalado el presidente de la
Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez. Y en paralelo, la insumisión: no podrán encarcelar a tantos.
En el mismo sentido se han pronunciado el resto de los representantes de los partidos (agrupados en
Junts pel Sí), compañeros de filas como la
CUP, y con alguna variante
Catalunya Sí que es Pot. Para
Joan Coscubiela, por ejemplo, el
TC deja margen para para un referéndum con garantías.
La portavoz de la CUP, la anticapitalista
Anna Gabriel, ha aprovechado que está en racha para decir en Twitter que "Hasta aquí la operación diálogo". Obviamente, en declaraciones posteriores, ha remachado con otras cosas, como espera la máxima participación en el referéndum y que espera que los
Mossos d'Esquadra estén a su lado, no en el del
Código Penal.
Rafael Esparza
