Fachada del Banco de España.
El Banco de España ha dado a conocer este martes su Memoria de la Supervisión Bancaria de 2017.
En ella explica que en 2017 buena parte de la actividad sancionadora tuvo que ver con el Código de Buenas Prácticas, ámbito en el que se adoptaron tres resoluciones sancionadoras contra dos bancos y una cooperativa de crédito y se incoó un cuarto procedimiento sancionador frente a un banco.
En cuanto a incumplimientos en materia de transparencia y protección de la clientela, se impusieron sanciones a dos bancos, a un establecimiento financiero de crédito y a otro de cambio de moneda. Además, se incoaron cinco expedientes más, todos a bancos.
El Banco de España resolvió otros tres expedientes con imposición de sanciones a entidades que realizaban actividades reservadas o utilizaban denominaciones reservadas. En uno de los casos, se llegó incluso a revocar la autorización de la entidad y se incoaron otros cuatro expedientes, en varios de los cuales se acordó la adopción de medidas provisionales, como la suspensión de la actividad de la entidad.
Además, abrió seis expedientes sancionadores en 2017 en materia de conducta de las entidades, de los que todos menos uno fueron derivados de inspecciones in situ relacionadas con el crédito hipotecario. El otro expediente incoado en 2017 tuvo que ver con una actuación de comprobación de la correcta aplicación del Código de Buenas Prácticas recogido en el Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
Asimsimo, remitió a las entidades 122 escritos de requerimientos y 234 de recomendaciones y observaciones en 2017, de los que siete de cada diez correspondieron a inspecciones realizadas sobre crédito hipotecario. El Banco de España remitió, asimismo, 81 escritos de otro tipo a las entidades.
El Banco de España sancionó en 2017 a dos bancos, a una entidad de pago y a sus cargos de administración y a una entidad no autorizada y su cargo de administración. En tres de estos cuatro casos las sanciones se calcularon sobre la base de los beneficios derivados de la infracción.
