• Todos ellos depositaron el pasado 23 de noviembre varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza de 5,2 millones que les impuso el Tribunal de Cuentas por el gasto de dinero público en la consulta del 9 de noviembre de 2014.
  • Mas aportó una vivienda en Barcelona-, Homs -en Taradell (Barcelona)-, Ortega -en Barcelona-, Vilajoana -en Barcelona- y Rigau -en Ribes de Freser (Girona).
  • No obstante, la resolución se puede recurrir en un plazo máximo de cinco días, ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo preventivo de la vivienda que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, puso sobre la mesa para cubrir parte de la fianza de 5,2 millones de euros que le impuso por el gasto de dinero público en la consulta del 9 de noviembre de 2014. Tras consignar 2,9 millones de euros en efectivo -procedentes de la plataforma soberanista Asamblea Nacional Catalana (ANC)- Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el exsecretario general de Presidencia Jordi Vilajoana depositaron el pasado 23 de noviembre varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza de 5,2 millones. La instructora del Tribunal de Cuentas ha ordenado ahora a los Registros de la Propiedad competentes que procedan a ejecutar el embargo provisional de estos inmuebles. En su resolución, que se puede recurrir en un plazo máximo de cinco días ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, la instructora detalla que ha ordenado el embargo de las viviendas aportadas como fianza por Mas -en Barcelona-, Homs -en Taradell (Barcelona)-, Ortega -en Barcelona-, Vilajoana -en Barcelona- y Rigau -en Ribes de Freser (Girona). Tras conocer la decisión del Tribunal de Cuentas, el expresidente de la Generalitat Artur Mas dijo ayer martes que de esta manera se intenta poner a los autores de aquella consulta en el proceso penal del 1-O. Pero, si finalmente se confirma la pérdida de sus propiedades, por fin quedará claro que los políticos catalanes separatistas que cometieron delitos no se van de rositas y gratis. Es decir, que sus actuaciones tienen unas consecuencias penales, como las de cualquier español que cometa un delito. José Ángel Gutiérrez [email protected]