La fumata blanca llegó tras tres días de negociaciones en Washington entre funcionarios de la administración Trump y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en las que Estados Unidos exigía a México mano dura para frenar el creciente flujo de migrantes, en su mayoría centroamericanos.

Y ha sido al parecer el gesto de López Obrador de envíar 6.000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala, el que ha hecho a Trump reconsiderar su amenaza comercial. Trump anunció que gravaría todos los bienes mexicanos a partir del 10 de junio, comenzando en un 5% y aumentando mensualmente hasta un 25%, si México no actuaba para impedir que cientos de miles de indocumentados atravesaran su territorio con miras a cruzar la frontera estadounidense. El Gobierno de Obrador ha garantizado además a Washington que quienes crucen ilegalmente a EE.UU, serán devueltos a México rápidamente para tramitar allí su solicitud de asilo. "México ofrecerá empleos, sanidad y educación de acuerdo con sus principios", señalaba en un comunicado el servicio diplomático estadounidense 

Si no funciona la estrategia de López Obrador, Trump volverá a poner encima de la mesa la opción de que México sea reconocido con el régimen de "tercer país seguro".

Y es que, la escalada entre México y Estados Unidos por el tema migratorio se ha precipitado en las últimas semanas. El efecto llamada hacia el país es evidente porque desde que llegó López Obrador al poder porque las devoluciones desde México se han triplicado. En Estados Unidos la situación es similar: el pasado mes de mayo se detuvo a 143.000 migrantes, la cifra más alta en 14 años, según el Servicio de Política Migratoria de EEUU.

La situación es tan crítica que el propio responsable de exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, ha dicho: “Este flujo migratorio no es normal”, sea por el posible efecto llamada de las políticas del presidente Obrador o por el deterioro económico y social de los países de origen, sobre todo de Guatemala, "Estamos haciendo todo lo que corresponde", señalaba el presidente ante la prensa en alusión al despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur. Esta decisión, unida a la detención de dos personas que presuntamente traficaban con migrantes, han sido las últimas actuaciones con la que México ha logrado convencer a Donald Trump.

La situación es tan crítica que el propio responsable de exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, reconoce que el flujo migratorio es excepcional

La estrategia de López Obrador cuenta con el respaldo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y de los presidentes centroamericanos. Además  México confía en que Estados Unidos acepte aportar al menos el 40% de los 10.500 millones de euros previstos para financiar proyectos de desarrollo en el Triángulo Norte de Centroamérica. Se trata de una de las regiones más violentas del mundo, una de las más pobres de América Latina, el sitio de donde miles de migrantes salen cada año con rumbo al norte huyendo de la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades

López Obrador se ha comprometido además, a ofreces el sur del país a los centroamericanos que quieran establecerse en la zona con la entrega de visas temporales de tránsito y trabajo. Sin embargo estos permisos se limitan a los estados de  Chiapas y Oaxaca,  En su programa electoral, López Obrador se comprometió a dar un impulso económico  a estos dos estados, los más pobres del país y donde se concentra mayor población indígena, con inversiones en grandes proyectos de infraestructuras. Pero a pesar de estas promesas, los ciudadanos de ambas zonas no comparten la decisión del presidente porque, aseguran, la llegada de los inmigrantes procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, está provocando que las condiciones de vida sean todavía peores.

Tercer país seguro

Si no funciona la estrategia del presidente mexicano, Trump volverá a poner encima de la mesa la opción de que México sea reconocido con el régimen de "tercer país seguro". Alternativa a la que siempre se ha negado el Gobierno mexicano.

López Obrador se comprometió a dar un impulso económico a los estados de Chiapas y Oaxaca, los más pobres del país y donde se concentra la mayor llegada de inmigrantes

Del concepto de “tercer país seguro” se habló por primera vez en la Convención de Ginebra de 1951. Cuando una persona se marcha de su país por diferentes motivos y pide asilo en un segundo país, este segundo puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercero que pueda darle la misma seguridad y ofrecerle las mismas prestaciones. Este tercer país es conocido como ‘tercer país seguro’. El objetivo evitar la presión extrema del impacto social, demográfico y económico que representa para un país determinado, el hecho de tener que refugiar a influjo excesivo de personas.

Para que un país pueda puede asumir el estatus de ‘tercer país seguro’, Ginebra exige garantías como la del derecho a la residencia, a servicios médicos, a educación o la posibilidad de reunificación familiar.

Teniendo en cuenta estas condiciones, para México reconocer esa condición supondría una tarea titánica prácticamente inasumible por el coste económico, y también político, de convertirse en muro de contención de los cientos de miles de inmigrantes centroamericanos que llegan anualmente al país.