En el reciente discurso del estado de la Unión, el presidente de EEUU Donald Trump pidió al Congreso que prohibiera los abortos tardíos de niños “que puedan sentir dolor en el vientre de la mujer”. En medio de un ensordecedor aplauso de los congresistas republicanos y frente a 47 millones de televidentes, el mandatario denunció: “Los legisladores de Nueva York se alegraron de aprobar una ley que permite arrancar al bebé del vientre momentos antes del nacimiento”.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump se ha esforzado por reducir las opciones para abortar. Solo cuatro días después de asumir el cargo, recuperó una ley que prohíbe a las ONG y proveedores sanitarios en el extranjero utilizar fondos del Gobierno estadounidense para asesorías a favor del aborto. En mayo del año pasado, anuló una ley que obligaba a los empleadores a incluir métodos anticonceptivos en el plan de salud ofrecido a sus empleados y anunció una reforma al Título X, un programa de planificación familiar financiado federalmente, abierto a los pacientes de bajos ingresos. Si sale adelante, los médicos y hospitales no podrán derivar a sus pacientes a centros abortistas.

Trump acusa: durante décadas, los ciudadanos se han visto obligados a financiar la muerte de inocentes

“Durante décadas, los contribuyentes se han visto forzados erróneamente a subsidiar la industria del aborto”, dijo Trump cuando anunció la nueva normativa. “Me comprometí a defender la vida, y como presidente, eso es lo que he hecho”, concluyó. La reforma del Título X está siendo evaluada por una tribunal federal de apelaciones que debería dar su veredicto el mes que viene.

Sumados a la ofensiva, varios Estados de tradición conservadora han aprovechado para modificar sus leyes en la misma dirección restrictiva. Iowa aprobó el año pasado la ley contra el aborto más restrictiva de EEUU: ninguna mujer puede abortar en cuanto se detectan los latidos del corazón en el feto. Solo se harán excepciones si hay malformación fetal, riesgo de muerte para la madre y violación o incesto. Los Parlamentos de Kansas y Oklahoma han impulsado leyes gemelas, al igual que Alabama, Arkansas, Kentucky, Misisipi, Texas y West Virginia. No todas han salido adelante. Un juez rechazó en noviembre la ley de Misisipi que prohibía la mayoría de los abortos después de 15 semanas por considerar que violaba derechos constitucionales de la mujer. Mientras el bastión republicano del centro del país lucha por poner límites, Estados como Massachusetts, Delaware y Washington, además de Nueva York, intentan blindarse con leyes más permisivas.

La elección de Brett Kavanaugh nos llevó a ese escenario

Cuando el presidente Donald Trump estaba en campaña, envió una carta a las organizaciones antiaborto en la que se comprometía a elegir solo jueces “provida” para el Tribunal Supremo. En los dos años que lleva de mandato ya ha podido elegir a dos de los nueve magistrados que conforman el Alto Tribunal. Con el nombramiento en octubre de Brett Kavanaugh la balanza se desequilibró hacia el ala conservadora.

“En cualquier momento puede que el Tribunal Supremo decida revocar la histórica sentencia del caso Roe vs. Wade [que legalizó efectivamente el aborto en Estados Unidos en 1973]. La elección de Brett Kavanaugh nos llevó a ese escenario”, explica Leana Wen, presidenta de la organización abortista Planned Parenthood.

Si esto sucede, las leyes sobre el aborto dependerían en su totalidad de cada Estado. Los expertos estiman que al menos 22 optarían por prohibir la interrupción del embarazo, apunta El País.