Según informó El Mundo recientemente, el Tribunal de Cuentas solicitó el pasado mes de septiembre a Unidas Podemos que justifique al menos 36 facturas sobre las que no se aportó documentación o esta fue insuficiente. Entre la información reclamada por el Tribunal de Cuentas se encuentran además los 75.000 euros declarados por la coalición en gastos de personal.

Entre esas operaciones se encuentra el contrato que Unidas Podemos firmó con Neurona Comunidad (la filial española de la la mexicana Neurona Consulting) por valor de 363.000 euros, en contra del criterio de sus ya ex abogados. Unidas Podemos ordenó encargar a esta sociedad trabajos para las elecciones de abril de 2019, veinte días antes de que la empresa estuviese registrada de manera oficial, añade El Mundo.

Se da la circunstancia de que en el Registro Mercantil está registrado como administrador único de Neurona Comunidad una persona vinculada a otras 65 empresas inscritas en España, una práctica que suele estar asociada a tramas de corrupción a través de testaferros, sin que este último extremo esté confirmado. En cualquier caso, no es de extrañar que el Tribunal de Cuentas haya señalado a Neurona Comunidad como una de las empresas que no han facilitado, tal y como obliga la ley electoral, detalles suficientes de la facturación de sus operaciones con Unidas Podemos, explica El Mundo.

El mismo medio recuerda también las sospechas de la Fiscalía de Bolivia sobre un posible desvío masivo de fondos públicos desde el Gobierno de Evo Morales hacia la formación morada a través de la mexicana Neurona Consulting -la consultora electoral que suele asesorar a los presidentes del eje bolivariano-.

Recordemos también  -como publicó Hispanidad en enero de este año-  que el vicepresidente de Vox, Víctor González y el eurodiputado de la formación Hermann Tertsch viajaron a Bolivia donde se entrevistaron con el gobierno interino de Jeanine Áñez. Este les proporcionó  información, al parecer sensible, sobre la relaciones de Podemos con el bolivarianismo y con miembros del ejecutivo de Evo Morales, y sobre el incidente en la embajada de México en La Paz.

Y es que el Gobierno interino boliviano acusa al partido de Pablo Iglesias de haber recibido una "enorme cantidad de dinero" de Evo Morales y de Venezuela.