• Las autonomías deberían reducirla un 50% para cumplir la meta del 13% del PIB en cuatro años.
  • El grueso de la deuda pública (más del 72%) está en la administración central y la Seguridad Social.
  • Y en las autonomías, las más incumplidoras, son Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana.
  • Las más estrictas, Canarias, Madrid y País Vasco.
  • Galicia, Extremadura, Aragón y Cantabria han aumentado su recurso a la financiación estatal.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publica este lunes el Observatorio de Deuda del primer trimestre, que pone de relieve que sólo tres autonomías -Canarias, Madrid y País Vasco- cumplirían con el objetivo de deuda marcado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria (el 13% del PIB en 2020). Así está la cosa ahora y otra cosa es que según esa misma ley, corresponde a las comunidades recortar en un 50% su deuda en cuatro años. O lo que es lo mismo: el mayor esfuerzo en el conjunto de la Administración. La ley establece, en concreto, que la deuda pública se reduzca en 20 años hasta el 60% del PIB. A 31 de diciembre, sin embargo estaba en el 100,4% (un punto más que en diciembre) y el objetivo para 2017 es que quede en el 98,8%. El grueso de esa deuda corresponde actualmente a la Administración Central y Seguridad Social (72,8% del PIB), corporaciones locales (2,8% del PIB) y comunidades autónomas (24,8% del PIB). Las autonomías peor situadas para cumplir son Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que no lograrían llegar al nivel de referencia (el 13%) en los próximos 30 años. Para hacerse una idea de lo que supone, sirvan algunos ejemplos. Mientras para pagar la deuda de Madrid supondría un trabajo por habitante de 52 horas, para pagar la de la Comunidad Valenciana serían precisas el triple de horas, 152. Con ese cálculo, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana requieren el mayor número de días de trabajo por persona para pagar la deuda común, mientras que Madrid, Navarra y País Vasco, las que menos. Otro punto que destaca el informe es el recurso a los mecanismos de financiación estatales, que si bien se va reduciendo en general, han acudido más Galicia, Extremadura, Aragón y Cantabria, mientras ha recurrido menos Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid y La Rioja. Rafael Esparza