Según informa El Mundo, Jaled Abdelkarim Saleh fue decapitado y su cuerpo crucificado en una plaza pública de Arabia Saudí. El suyo fue el desenlace más terrible, pero otros 36 presos fueron degollados el martes en seis ciudades del reino en la ejecución más numerosa de los últimos tres años en el país. Las víctimas eran, en su mayoría, miembros de la maltratada minoría chií y habían sido condenados por espionaje, violencia, terrorismo y participación en manifestaciones.

“La pena capital fue aplicada a un número de presos por adoptar ideologías terroristas extremistas y establecer células terroristas para ocasionar daños a la seguridad, así como propagar el caos y provocar la división sectaria", detalló la agencia de noticias estatal saudí SPA al anunciar la ejecución de los 37 condenados al patíbulo, una resolución que eleva a alrededor del centenar las personas que han sido ajusticiadas desde principios de 2019. 40 de ellas por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

La pena capital fue aplicada a un número de presos por adoptar ideologías terroristas extremistas y establecer células terroristas para ocasionar daños a la seguridad, así como propagar el caos y provocar la división sectaria

“Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que las confesiones de los involucrados se lograron a golpe de torturas. Unas dudas que también ha arrojado este miércoles desde Ginebra la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La chilena ha expresado su inquietud por la falta de garantías durante el proceso judicial y ha instado a las autoridades a que revisen la legislación antiterrorista y detengan las ejecuciones pendientes. Hay tres súbditos saudíes en el corredor de la muerte, sobre los que pesa la amenaza de una ejecución inminente, y otros 300 en proceso de ser condenados”, añade la información de El Mundo.

"Inevitablemente las autoridades saudíes etiquetarán a los ejecutados como terroristas y peligrosos criminales pero la realidad es que los tribunales saudíes están lejos de aplicar los procedimientos debidos y muchos de los ejecutados fueron condenados con la única prueba de unos interrogatorios que las víctimas denunciaron que habían sido obtenidos a la fuerza", subraya Michael Page, vicedirector de Human Rights Watch en Oriente Próximo, recoge el mismo medio.