• El Gobierno aprueba el decreto ley que reforma la formación profesional, que se abre a la libre concurrencia del sector privado.
  • Los sindicatos, contrariados por el anuncio, y Fátima Báñez insiste en que la razón más importante es evitar el fraude.
  • Estamos en año electoral: Montoro anuncia convocatoria de 7.416 plazas de empleo público y otras 3.834 de promoción interna.
  • Es el mayor aumento de plazas de la legislatura.
  • Montoro no contesta sobre los contratos a Equipo Económico: "Si salgo de una empresa en 2008, ¿cómo quiere que explique algo?".

Consejo de Ministros del 20 de marzo. El Gobierno ha decidido poner punto final a algo que no funcionaba como Dios manda desde hace años: los cursos de formación, que tantos sobresaltos nos han dado por los casos de fraude. Solución draconiana: aparcamiento de sindicatos y empresarios en la gestión de esos cursos. Ha sido el principal punto del día del Consejo de Ministros de este viernes, que ha tenido un marcado carácter económico y que ha sido presidido por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría (en la imagen junto a Montoro y Báñez), en ausencia de Rajoy, con obligaciones mayores en Bruselas.

La segunda gran medida anunciada ha sido la convocatoria de 7.416 plazas de empleo público para este año y otras 3.834 de promoción interna. Estamos en año electoral y era un buen momento para anunciarlo. El protagonismo se lo han repartido, por tanto, dos ministros económicos, Fátima Báñez, de Empleo, y Cristóbal Montoro, de Hacienda, que no ha podido escapar que le preguntaran por el despacho Equipo Económico y el supuesto contrato 'a dedo' concedido por la Cámara de Comercio a esa firma. Pero ha despejado a córner rápido: "Si salgo de una empresa en 2008, ¿cómo quiere que explique algo?". Pues eso, no ha explicado nada más. Soyara, esta vez, se ha limitado a explicar que qué barbaridad lo que ha ocurrido en Túnez con el atentado yihadista y que el Gobierno, en buena lógica, está haciendo todo lo que puede para ayudar a los españoles afectados.

Por partes. La reforma en los cursos de formación la ha explicado la ministra de Trabajo y se incluye en un decreto ley que lo reforma de la formación profesional. El objetivo, como ha explicado Fátima Báñez, es que mejore la calidad de los cursos y, sobre todo, que haya más control y transparencia. Un eufemismo como otro cualquiera para decir que ya está bien de que la gestión de esos cursos haya servicio para desviar fondos para otras cuestiones que no tenían nada que ver con la formación de los trabajadores. A partir de ahora, la gestión de los fondos y cómo y quién los imparta queda a la libre concurrencia del sector privado para evitar que los agentes sociales "sean juez y parte".

El vicio instalado -con palabras suaves- en el sistema era un secreto a voces, sobre todo porque los cursos de formación no mejoraban las opciones laborales de los que los recibían, salvo a un 30% de los que los cursaban. A diferencia de los últimos años, en los que se adelantaba la financiación de las subvenciones directas a las empresas en un 100%, a partir de ahora sólo se anticipará el 25% para evitar casos de fraude. El papel de patronal y sindicatos queda relegado a anticiparse y detectar las necesidades de formación. Y algo más: se creará una unidad especial de inspección en el ámbito de la formación y un incremento de las sanciones para las empresas que utilicen de forma irregular las subvenciones.

La reacción de los sindicatos ha sido inmediata. A pesar de que la ministra Báñez ha insistido en el diálogo con los agentes sociales, UGT ha dicho que espera que en el trámite parlamentario se "subsanen" las carencias de la propuesta del Gobierno, como el protagonismo de los interlocutores sociales. Y para Comisiones Obreras, sindicatos y empresarios quedan relegados a un "mero papel decorativo", a pesar de ser ellos quienes realmente conocen las necesidades formativas.

La segunda medida de relieve anunciada tras el Consejo de Ministros ha sido la oferta de empleo público. Según ha explicado Cristóbal Montoro, se convocan 7.416 plazas de nuevo acceso y 3.834 de promoción interna. De las primeras, 6.692 forman parte de la oferta ordinaria y 724 son adicionales, fundamentalmente para la Agencia Tributaria. El reparto es el siguiente: 2.868 plazas para la Administración General del Estado, 1.374 para el Cuerpo Nacional de Policía, 1.350 para Justicia, 820 plazas para la Guardia Civil, 230 para la Agencia Tributaria y 50 para funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. Montoro ha explicado que "durante años hemos aplicado una congelación muy estricta de plantillas", pero que se estableció una tasa de reposición de vacantes de hasta el 10%, porcentaje que este año se ha elevado hasta el 50% a través de los Presupuestos. Vamos, que una cosa es recortar y otra "asistir pasivamente a la descapitalización humana del Estado", lo que no es plan.

Rafael Esparza

rafael@hispanidad.com