El Gobierno interino de Juan Guaidó y gran parte de la comunidad internacional han denunciado los intereses y vínculos del régimen de Nicolás Maduro con las recientes protestas en diferentes países de Hispanoamérica, como Ecuador, Chile y Colombia. Los opositores a la dictadura venezolana denunciaron, incluso, que este mes se llevó a cabo una cumbre entre altos mandos del chavismo y representantes de grupo paramilitares y políticos de Iberoamérica. El encuentro tuvo como objetivo coordinar planes para “causar desestabilización en la región”, de acuerdo a lo señalado por un informe elaborado por fuentes de inteligencia venezolanas al que tuvo acceso el diario español ABC.

Según explica a ABC Iván Simonovis, enlace de Juan Guaidó con las agencias de seguridad norteamericanas, incluidas la CIA y la antidroga DEA, «visto que la izquierda perdía terreno en América Latina en elecciones recientes, el régimen decidió dar un apoyo para que esa izquierda perviva en modo de lucha política, aprovechando la protesta». Mantiene que no tiene datos de que esa reunión sea la causa del descontento social en Ecuador o Chile, pero sí cree que puede aprovecharse de las protestas para desestabilizar el continente, especialmente en Colombia, donde los disturbios estallaron tras la reunión.

El presidente Sebastián Piñera ha admitido que la Policía chilena se encuentra “sobrepasada” por las protestas y los disturbios

En ese contexto, Colombia lleva ya una semana de protestas contra la política económica y social del Gobierno colombiano. El presidente Iván Duque reaccionó rápidamente estableciendo una mesa de diálogo a la que  denomina “gran conversación nacional” y donde diariamente preside reuniones con actores políticos y sociales.  Los colectivos sociales mantienen una serie de exigencias, resumidas ahora en trece puntos, que inicialmente eran laborales y se han ido ampliando a reivindicaciones sociales, como  la petición para que el Gobierno retire la tramitación de las reformas laboral, tributaria y de pensiones, así como el plan de privatizaciones. Y también que se cumpla con los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, recoge La Vanguardia.

En Chile, el Senado firmó la noche del miércoles un acuerdo por la paz, los derechos humanos y orden público para encaminar al país a un proceso de reunificación social, e instó al gobierno a implementar una agenda de profundos cambios estructurales, recoge Infobae. En una declaración conjunta, senadores oficialistas y de oposición manifestaron la necesidad de que Chile se encamine “a un proceso de reunificación cívica y social” mediante un “esfuerzo económico significativo, un compromiso político y social inequívoco con la democracia, y un inmediato fin a la violencia”, tras 41 días de convulsión en la que han muerto 23 personas. El presidente Sebastián Piñera ha admitido que la Policía chilena se encuentra “sobrepasada” por las protestas y los disturbios ocurridos durante esta crisis, la peor que ha visto en Chile en tres décadas.

Y en Bolivia, las Fuerzas Armadas de Bolivia reconocieron a Jeanine Áñez como presidenta constitucional, informa Diario Jaen. El papel de las Fuerzas Armadas fue objeto de críticas tras las últimas elecciones, después de que la cúpula sugiriera al entonces presidente, Evo Morales, que renunciara ante la constatación de irregularidades en los comicios del 20 de octubre por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa ha aprobado este martes el reglamento para elegir a los seis nuevos vocales que conformarán el Tribunal Supremo Electoral (TSE), según ha informado el diario local ‘Página Siete’.