A comienzos de este año el Tribunal de Cuentas determinó que el Ayuntamiento de Barcelona, en el ejercicio de 2016, el primero completo que estuvo encabezado por la líder de En Comú Podem, Ada Colau, fue el gran consistorio español que más -y por más importe- fragmentó la llamada «contratación menor», prevista para agilizar procesos administrativos, pero que también podía convertirse en un atajo para aprobar ciertos gastos.

Al parecer, la edil barcelonesa ha seguido por el mismo camino y casi al final de 2020 el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias de investigación tras aceptar a trámite una denuncia presentada por el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Consistorio en la que se solicitaba "la fiscalización oportuna" de casi 280 contratos menores. Según publica El Mundo, Ciudadanos ha presentado una investigación en la que ha detectado que desde 2017 se han adjudicado 279 contratos, que suman unos 5,7 millones de euros "un céntimo por debajo del límite legal" lo que para esta formación supone "indicios más que suficientes de posibles incumplimientos de la normativa jurídico-pública, en especial de la Ley de Contratos del Sector Público, por parte de las distintas gerencias del ayuntamiento de Barcelona".

La presidenta del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, señala que la fiscalización del Tribunal de Cuentas a partir de esta denuncia debe ser un toque de atención al equipo de gobierno de comunes y socialistas "para poner fin a la Dedocracia que Colau ha instaurado en la gestión diaria del Consistorio".