• Este miércoles, la ministra García Tejerina se reúne con representantes de la multinacional.
  • Algo que recuerda lo sucedido el pasado mayo, cuando Rafael Hernando les atendió en el Congreso.
  • Todo ello, días después de que la multinacional presumiera en Twitter de ser "motor de empleo y progreso en España desde 1953".
  • Y justo en el mes en que se cumplen cuatro años del ERE que hizo su embotellador español.
  • Recuerden que no sólo implicó despidos, también el cierre de tres plantas y cargarse la fábrica de Fuenlabrada.
  • Pero el periplo judicial aún no ha terminado y la plataforma Coca-Cola en Lucha pide apoyo a los diputados del Congreso.
El refrán Año nuevo, vida nueva parece no cumplirse si hablamos de la relación entre Coca-Cola y el Gobierno español. La multinacional insiste en burlarse de nuestro país, a pesar de ser una de sus mejores franquicias internacionales, y el Ejecutivo sigue apoyando a la dirección en contra de los trabajadores. Concretamente la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se reunirá con representantes de Coca-Cola en la tarde de este miércoles, según cita la agenda del Gobierno y la de su propio Departamento. Este hecho recuerda lo sucedido el pasado mayo, cuando el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, hizo lobby a favor de la multinacional atendiendo a sus directivos en la mismísima Cámara Baja. Un buen trato por parte del Gobierno que llega dos días después de que Coca-Cola presumiera en su Twitter de ser "motor de empleo y progreso en España desde 1953". De hecho, destacó su "impacto positivo en la sociedad española", donde representa el 0,57% del PIB y emplea al 0,48% de la población activa. Claro que también debería tener en cuenta todo lo que gana en nuestro país, donde prácticamente actúa como un monopolio al no tener competencia destacada, y que es uno de sus 10 principales mercados mundiales. El citado tuit paradójicamente se ha escrito en el mes en que se cumplen cuatro años del ERE que hizo su antiguo embotellador español (hoy inmerso en Coca-Cola European Partners), a pesar de tener jugosos beneficios. Todo ello bajo la batuta de Sol Daurella, que ahora preside la 'megaembotelladora' europea, su negocio redondo. Pero recuerden que dicho ERE no sólo implicó despidos, también el cierre de tres plantas (Asturias, Alicante y Palma de Mallorca) y cargarse la fábrica de Fuenlabrada. Antes del ERE, la planta madrileña se dedicaba a la producción y era puntera, pero ahora se ha convertido en un centro logístico fallido, donde "no hay proyecto ni trabajo efectivo", según señala el presidente del comité de empresa de Fuenlabrada, Juan Carlos Asenjo, a Hispanidad. Es decir, todo sigue igual que hace un año, cuando ya informamos de que los trabajadores readmitidos sólo colocaban botellas en cajas; poco trabajo efectivo que ya demostró un informe de la Inspección de Trabajo en 2016. Pero el periplo judicial aún no ha terminado. Los trabajadores están pendientes de si el Tribunal Constitucional (TC) admite a trámite el recurso de amparo presentado por CCOO el pasado noviembre, como informó la Cadena Ser, contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de enero de 2017 que avalaba su readmisión en Fuenlabrada. En caso de que no lo admita o les niegue el amparo (recuerden que el TC no admitió el recurso presentado por UGT), Asenjo afirma que irán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). Al mismo tiempo, está el tema de la modificación de las condiciones laborales de los readmitidos: se denunció ante el Juzgado de Móstoles, que declaró nulo dicho cambio el pasado julio, pero la empresa recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronunciará el próximo 7 de marzo. Además hay 148 juicios de demandas por salarios que no están pagando desde la readmisión. Paralelamente, conviene destacar que la plataforma Coca-Cola en Lucha  ha pedido apoyo a los diputados del Congreso para que se respete la tutela judicial, recogida en la Constitución. Cristina Martín [email protected]