• La 'megaembotelladora' europea quiere ser ahora una compañía total de bebidas, mientras fusiona, despide y desmantela.
  • Lanza en España productos fabricados en Europa y EEUU, como Capri-Sun y Glacéau Smartwater.
  • Marcas de zumo y agua para diversificar el mercado y compensar la caída de ventas de Coca-Cola.
  • Los empleados de Fuenlabrada llevan el ERE a Estrasburgo porque el TC no admite a trámite su recurso de amparo.
  • Quieren que el TEDH revise las actuaciones judiciales para ver si se ajustan a la tutela judicial efectiva.
  • No es el único lío judicial: tiene un segundo conflicto abierto en los tribunales por la readmisión en Fuenlabrada.
Parece que Coca-Cola European Partners (CCEP) está algo desesperada, pues ahora se lanza a por zumos y agua, mientras el lío judicial por el ERE con beneficios en España llegará hasta Estrasburgo. La 'megaembotelladora' europea que preside Sol Daurella (en la imagen), cuya gestión se puede resumir con tres palabras (fusionar, despedir y desmantelar), ambiciona ser una compañía total de bebidas… y vender mucho más. Por eso introduce en España más productos fabricados en Europa (zumos, café orgánico, etc.) y fuera, concretamente en EEUU (agua). Tal es el caso de la marca de zumos Capri-Sun o del agua Glacéau Smartwater. La primera es propiedad de la alemana alemana Arios Holding y CCEP se acaba de hacer con su comercialización exclusiva, es la segunda marca más importante en zumos del mundo y se dirige a niños y adolescentes (no como Minute Maid). Por su parte, Glacéau Smartwater es la marca número uno de agua embotellada premium en EEUU. Con estas dos marcas de zumos y agua, la 'megaembotelladora' busca diversificar el mercado y compensar la bajada de ventas de su marca estrella, Coca-Cola. Como se vio en sus últimos resultados, el descenso ha sido del 0,5%, a pesar de que Coca-Cola Zero se ha disparado un 15% por la guerra contra el azúcar, representando un 63,5% del total de las ventas (un punto menos que en 2016). Además, sus ventas de agua han bajado un 1,5%, a pesar de que esta categoría está en crecimiento en Europa y en el resto del mundo, de ahí que tenga más sentido sumar una marca premium a las tres que ya tiene en su portafolio (Aquabona, Vilas del Turbón y Krystal). Paralelamente, el lío judicial, que surgió hace más de cuatro años por el ERE con beneficios del antiguo embotellador español, aún colea y llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de EstrasburgoLos empleados de Fuenlabrada irán hasta esta ciudad francesa, después de que el Tribunal Constitucional (TC) no admitiera a trámite su recurso de amparo, el cual se basaba en la modificación de la sentencia original del Tribunal Supremo (TS) por el auto de ejecución y readmisión del famoso COIL (centro de operaciones industriales y logísticas en el que se iba a convertir la planta madrileña, pero que a día de hoy sigue sin ser una realidad porque apenas hay trabajo efectivo). Van a Estrasburgo por la sentencia original y discuten la ejecución que modificó la sentencia firme, a pesar de ser condenada la empresa y considerar el ERE nulo por violación del derecho a la huelga, según ha explicado Juan Carlos Asenjo, presidente del comité de empresa de la planta de Fuenlabrada a Hispanidad. "No cumplirse la readmisión en el mismo puesto con condena por derechos fundamentales es lo que entendemos que no atiende el derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de la Constitución", ha subrayado. Además, se pidió dos veces medidas cautelares para que no desmantelara la producción y se pudiera cumplir la sentencia, pero no se les hizo caso. Por eso ahora quieren que se revisen en Estrasburgo las actuaciones judiciales y si se ajustan al procedimiento y la tutela efectiva. Al mismo tiempo, está abierto un segundo conflicto en los tribunales: la readmisión en Fuenlabrada, pues no se cumple y además, aplicaron el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para modificar las condiciones. El Juzgado Nº2 de Móstoles declaró su nulidad, pero Coca-Cola recurrió y ahora toca esperar a conocer el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el próximo 7 de marzo. Cristina Martín cristina@hispanidad.com