• Al final, la rebelión de la banca tiene éxito: antes de pagar hay que mirar y el que no lo acepte que vaya a los tribunales.
  • En otras palabras, PP y PSOE cierran en falso el debate sobre cláusulas suelo.
  • Y eso que Saura y Robles se apuntan el tanto.
  • Guindos, más cauto, recurre al eufemismo: la relación entre el proceso judicial y el extrajudicial.
  • A la postre, el desenlace provocará una enorme decepción en los clientes, alentados sobre falsas expectativas.

Borrón y cuenta nueva para volver al punto de partida en la salida a la polémica sentencia europea sobre la retroactividad de las cláusulas suelo, algo a lo que no ha sido ajena la propia presión de los bancos, con el Sabadell y BBVA a la cabeza. No sólo han mantenido las espadas en alto hasta el final -lo que ha provocado el aplazamiento del decreto ley por parte del Gobierno- sino que se hará caso a caso, como habían pedido (aunque no se ha cumplido todo lo que pedían). Y a la postre, el desenlace provocará una enorme decepción en los clientes, a lo que se le ha hecho creer que todos cobrarían todo, al margen de su formación, el consentimiento y el grado de conocimiento. Para esa presión han tenido en cuenta la propia sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, al entender que el fallo es un llamamiento a la transparencia, lo que no quiere decir que en todos los casos el cliente tenga razón. "Antes de pagar, hay que mirar", ese ha sido el principal argumento bancario desde el principio. No hay que olvidar que lo que está en juego no es poco. El Banco de España cuantificó esa factura en 4.000 millones de euros. Ahora queda poco espacio para el suspense. Tras el acuerdo entre el Gobierno y el PSOE sobre el mecanismo para devolver el dinero, el Consejo de Ministros aprobará este viernes el decreto, salvo sorpresas, y seguirá el trámite parlamentario. Así lo han anunciado en rueda de prensa Pedro Saura, portavoz socialista de Economía, y la diputada Margarita Robles. Es un modo de apuntarse el tanto; el contencioso se prestaba. Y en ese trámite, a diferencia de Ciudadanos -que votará sí-, se abstendrán. El ministro de Economía, Luis de Guindos, más cauto, ha recurrido al eufemismo de la relación entre el proceso judicial y el extrajudicial. Porque una cosa es que se establezca un mecanismo que facilite la tramitación y otra es no decir que ese mecanismo no se puede prolongar, por falta de acuerdo, en los tribunales. Lo que han pactado el Gobierno y el PSOE es el mecanismo extrajudicial. La iniciativa parte de los bancos (algo a lo que se oponían), que serán lo que tengan que informar a sus clientes de que pueden reclamar. Las entidades, de hecho, están obligadas a adheriste a ese sistema, a diferencia del carácter voluntario previsto para el cliente. Y a partir de ahí, dos matices: en primer lugar, si el banco estima que no procede devolver el dinero, no avisará al cliente, aunque éste puede recurrir a los tribunales, con todo, para reclamar. Será el juez, en ese caso, el que decida quién tiene razón, y si la tiene el cliente, el banco deberá pagar las costas. El segundo matiz: esa tramitación extrajudicial establece un plazo de tres meses para devolver el dinero.  En los primeros, el banco deberá calcular lo que el cliente pagó de más, y en el tercero, si acepta, pagarle (también puede plantear una contraoferta a la entidad). La razón no es otra que facilitar los acuerdos y evitar con ello el colapso de los juzgados. Esa trama es la que ha provocado a su vez un choque entre los ministros Guindos y Catalá. Cada uno ha mirado a lo que más le convenía. El primero a la solvencia del sector bancario, y el segundo a que no se complique en exceso la vida en los juzgados. Guindos defiende la solución extrajudicial como alternativa "gratuita" para evitar el colapso de los juzgados. Es lo único que puede hacer, fijar un cauce "mucho más sencillo y rápido" que el procedimiento judicial habitual. "Pero el Gobierno no puede hacer más" porque se trata de una negociación entre particulares. Rafael Esparza