La Policía Nacional está llevando a cabo una macrooperación en numerosos ayuntamientos de Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla y León en la que se prevén unas sesenta detenciones, entre cargos técnicos municipales, y otros tantos registros, por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico, informa RTVE.  Se trata de 20 ayuntamientos regidos por el PP, el PSOE y también Ciudadanos. Éste último se estrena en materia de corrupicón. Bueno, no se estrena, pero da un salto de calidad a lo que parece ser un caso de División de Honor.

La UDEF de la Policía Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción desarrollan esta operación, donde participan 600 agentes, que han precisado que los registros se llevan a cabo en ayuntamientos para investigar estos posibles amaños en la gestión de las multas y la regulación del tráfico con semáforos.

Se prevé la detención de diversos cargos técnicos de los consistorios investigados, aunque no de cargos electos

Se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Se trata de la Operación Enredadera que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) que ha declarado secretas las actuaciones.

Además, fuentes cercanas a las investigaciones han explicado que las pesquisas se iniciaron en este juzgado y se extendieron después a municipios de otras provincias españolas, en relación con una trama que presuntamente manipuló licitaciones en ayuntamientos para adjudicar aplicaciones informáticas de gestión del tráfico rodado.

En el centro de esta trama estaría la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciente al Grupo Sacyr, que comercializa productos para la regulación del tráfico que pueden detectar las infracciones de los vehículos en los semáforos, según las mismas fuentes, que han adelantado que se prevé la detención de diversos cargos técnicos de los consistorios investigados, aunque no de cargos electos.