• Para Alberto Nadal llevaría a la quiebra del sistema o un aumento insoportable de impuestos (20% del IRPF).
  • CCOO y UGT defienden la viabilidad de la iniciativa popular para corregir los problemas derivados del paro y la falta de recursos.
  • Para el Gobierno, la propuesta desincentiva la búsqueda de empleo y amenaza el Estado del bienestar.
  • Un estudio de CCOO sitúa el coste anual entre 6.509 y 12.074 millones entre 2007 y 2017 con 2,3 potenciales beneficiarios.
  • Nadal aporta otros cálculos para elevar la estimación sindical de 10.200 a unos 45.000 millones por año.
Los sindicatos CCOO y UGT han vuelto a defender, este martes en la comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso, la viabilidad de su iniciativa para una prestación de ingresos mínimos, que no apoyan ni el PP ni Ciudadanos por su elevado coste o su difícil encaje en la Constitución. A esos argumentos, sobre todo el primero, se ha agarrado después el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal (en la imagen, a la derecha), para insistir en todo lo contrario: una medida de ese calibre acabaría en la quiebra de Hacienda y el final del actual Estado del bienestar. Nuevo choche de planteamientos, por tanto, entre los sindicatos, que defienden una iniciativa legislativa popular avalada por 700.000 firmas, y el representante del Gobierno, que ha endurecido más si cabe su rechazo. Siguen así las comparecencias en las que aparecen cifras y más cifras, difíciles de casar, para la iniciativa en curso. Fue admitida a trámite en febrero y posteriormente, a finales de noviembre, recibió el respaldo del Congreso tras el rechazo de la enmienda a la totalidad presentada por el PP. Los 167 diputados que apoyaron al PP (Ciudadanos, Foro Asturias y UPN) se quedaron pequeños ante el rechazo de los 175 de otros partidos, entre ellos Podemos y el PSOE, que aplauden esa opción. La prestación por ingresos mínimos, según la proposición de ley aprobada en el Congreso a principios de año, está en 426 euros para las familias sin recursos. Alberto Nadal ha sido tajante: si la iniciativa prospera en forma de Proposición de Ley, "acabará con la Hacienda Pública" por su elevado coste, que varía entre los 15.300 millones que calcula la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y los 10.200 millones en la que sitúan los sindicatos. En términos de impuestos, supondría un aumento del 20% en el IRPF y de tres puntos en todos los tipos del IVA. El cálculo sindical, no obstante, lo han defendido Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas de CCOO (en la imagen, a la izquierda, con Alberto Montero, presidente de la comisión parlamentaria), y Adela Carrió, secretaria confederal de UGT, como una aspiración posible y realista. Carlos Bravo, en concreto, ha aportado el estudio del gabinete económico de CCOO en el que se calcula el coste de la prestación de ingresos mínimos en los últimos diez años (2007-2017) y los potenciales beneficiarios. Según esos cálculos, el coste oscila entre 6.509 millones (2007), alcanzando el máximo en 2013 (12.074 millones) y quedando después, en 2017 -de acuerdo con la evolución del desempleo- en 8.409 millones de euros. También oscilan los beneficiarios, entre 1,358 millones, el máximo de 2,362 millones, y 1,923 millones en 2017. En términos de PIB, entre el 0,6% y el 1,18%. Aparte de las cifras, las divergencias entre los sindicatos y Alberto Nadal son también de fondo. El secretario de Estado ha puesto sobre la mesa un argumento demoledor: la propuesta de los sindicatos no sólo desincentivaría la búsqueda de empleo de los potenciales beneficiarios, sino que pondría en bandeja de plata el efecto llamada para personas sin recursos residentes en otros países. Las combinación de esos dos factores, según Nadal, duplicaría finalmente el coste hasta unos 45.000 millones anuales. El impacto, en términos presupuestarios y económicos, sería desastroso para la economía y acabaría con las razones que esgrimen los sindicatos: evitar el aumento de las desigualdades en épocas de crisis o la exclusión social de personas sin recursos. Frente a Nadal, aunque previamente, Carlos Bravo ha defendido que el objetivo de la prestación es proteger a los que, queriendo trabajar, carecen de empleo y sufren de necesidad, mientras la dirigente de UGT ha insistido en "la falta de voluntad política" para aprobar la Ley por una Prestación de Ingresos Mínimos. Rafael Esparza