Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido a 22 personas en las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona en una operación contra una trama de corrupción por presunto desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona destinadas a proyectos en países en desarrollo a financiar el procés, informa RTVE.

Según informaron fuentes policiales, la operación Estela está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona. A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.

El TSJ de Cataluña ha emitido un comunicado en el que cifra en dos millones el valor mínimo de las subvenciones objeto de investigación. También ha señalado que se prevén una veintena de registros en sedes de la Generalitat de Cataluña, en la Diputación de Barcelona, así como en distintas empresas catalanas y entidades sin ánimo de lucro.

La Diputación de Barcelona está presidida por Mercè Conesa y ya fue puesta bajo el foco policial por un supuesto fraude de subvenciones. La CUP denunció hace dos años que desde este organismo se habían concedido ayudas para la cooperación al desarrollo a través de contratos opacos.

Según fuentes cercanas a la investigación, la operación se centra en las subvenciones de la Diputación de Barcelona a proyectos en países en desarrollo que se habrían destinado a otros beneficiarios y estos a su vez habrían financiado con ese dinero actividades relacionadas con el referéndum del 1 de octubre y el plan independentista.

La operación contra esta trama de corrupción es el resultado de dos años de una linvestigación realizada por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.

La cooperación internacional ha sido una de las partidas que, según diferentes informes policiales, se han incrementado bajo la sospecha de que incluían fondos para financiar la proyección exterior del plan independentista impulsado por el Govern de Carles Puigdemont, el presidente cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución y fugado para no personarse ante el Tribunal Supremo.

Los presupuestos de 2017 de la Generalitat destinaron a la cooperación internacional 17,4 millones de euros repartidos entre la Consejería de Relaciones Institucionales y Exteriores dirigida por Raül Romeva, uno de los exconsejeros encarcelados, y la Agencia Catalana de Cooperación.