La acusación se documenta en un estudio elaborado por dos profesoras universitarias británicas, el documento es el resultado de entrevistas con 2.500 haitianas que vivían cerca de bases de la ONU en 2017, último año de la misión que comenzó en 2004.

Los perpetradores de estos crímenes eran originarios de 13 países distintos. Pero la mayoría de ellos eran brasileños o uruguayos, según el documento. Y en la mayoría de los casos, al advertir la existencia de los casos, la ONU, en vez de tomar medidas disciplinarias, enviaba a los hombres de vuelta a sus países de origen.

El informe recordó a su vez decenas de reportes de medios nacionales e internacionales acerca de distintos casos donde los cascos azules, tanto en Haití como en otros países a los que fueron destinados, ofrecieron comida y pequeñas sumas de dinero a cambio de sexo con menores de edad.

Las penurias se prolongaban mucho después de los abusos. “Muchas mujeres fueron abandonadas y debieron criar solas a sus hijos en una situación de miseria y estigma”, explica el documento.

El reporte no precisa la cantidad de mujeres que quedaron embarazadas como consecuencia de los abusos. Pero ante la consulta, distintos expertos y trabajadores sociales en Haití aseguraron que el alcance del problema era amplio y que la ONU no proveyó la asistencia necesaria a las mujeres.

Por otra parte, la ONU también había admitido que más de 100 cascos azules oriundos de Sri Lanka habían creado una red de tráfico de personas en Haití entre 2004 y 2007. Ellos tampoco fueron castigados de otra manera que no fuera volver a su país.

Este no es el primer caso de abusos perpetrados por los cascos azules, ni el primero de esta naturaleza. Entre 1990 y 1998, las fuerzas abusaron y embarazaron a miles de mujeres y niñas en Liberia, país ubicado en el noroeste africano. También se documentaron hechos similares en Mozambique, Bosnia, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana.

Para finalizar, las autoras del reporte le recomendaron a la ONU que eduque a su personal respecto de las dificultades que pasan las mujeres de las que abusaron y los niños que concibieron. También urgieron al organismo a que entregue a los abusadores a las autoridades locales y deje de repatriarlos cuando los casos salen a la luz.