• La Mesa del Parlament ha admitido este miércoles a trámite la ley del referéndum: el independentismo ha activado así los trámites para convocarlo.
  • Rajoy promoverá hoy ante el Tribunal Constitucional (TC) un incidente de ejecución de sentencia para paralizar las decisiones adoptadas por el Parlament y convoca un Consejo de Ministros extraordinario para mañana.
  • El secretario general del Parlament se ha negado a dar la orden de publicar en el Boletín Oficial del Parlament la ley del referéndum.
  • El TC estudia la recusación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
La Mesa del Parlament ha admitido este miércoles a trámite la ley del referéndum, con la que pretenden dar amparo legal a la consulta independentista del 1 de octubre, con los votos a favor de la mayoría independentista de Junts pel Sí (JxSí) y de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) y el rechazo de Ciudadanos (Cs) y del PSC. El PPC y la CUP participan en la Mesa pero no tienen voto en este órgano de la cámara catalana. El independentismo ha activado así los trámites para convocar el referéndum. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, promoverá hoy ante el Tribunal Constitucional (TC) un incidente de ejecución de sentencia para paralizar las decisiones adoptadas por el Parlament que tienen como objetivo avanzar en la convocatoria de un referéndum en Cataluña el próximo 1 de octubre. Además, Rajoy convocará un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará mañana a las 12.00 horas, para impugnar la ley del referéndum. Esta misma mañana, el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, han registrado un escrito dirigido a la Mesa del Parlament en el que alertan que la tramitación de las leyes de ruptura choca con las advertencias del Tribunal Constitucional (TC). En el escrito, los letrados "advierten" que la tramitación de las leyes "está afectada por el derecho de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula" la resolución del 9N, por lo que "el incumplimiento de este deber podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la Mesa", advierten. Más tarde, Muro se ha negado a dar la orden de publicar en el Boletín Oficial del Parlament la ley del referéndum. Según fuentes del PSC, la publicación de la proposición de ley del Referéndum en el citado boletín no sería legal, porque debe ser ordenada por el secretario general, y no ha sido así, según El Mundo. En ese sentido, en rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que "los funcionarios son los que dicen que no se puede publicar la ley del referéndum -en el Boletín Oficial del Parlament- y están advirtiendo de que están cometiendo una ilegalidad". Rivera ha lamentado que Podemos "se esté alineando con los independentistas". "Podemos apoya en la Mesa lo que los funcionarios no están admitiendo en la Cámara catalana". Y ha reclamado a Pablo Iglesias que pida a Catalunya Sí que es Pot que no se abstenga en la votación, o sea, que vote en contra de la ley del referéndum. "Lamento que Iglesias esté al lado de Puigdemont", ha apuntado. El líder de Ciudadanos ha añadido: "Están convirtiendo el Parlamento en una gestoría de un golpe a la democracia española. Hoy vamos a intentar impedir este golpe. Hemos registrado una petición para llevar [la ley] al Consejo de Garantías Estatutarias". "Vamos a tomar la palabra, si nos dejan, para denunciar lo que se está haciendo y luego no vamos votar". Rivera también ha acusado a Forcadell de ser la que ha publicado la ley del referéndum en el Boletín Oficial del Parlament. "Forcadell, que es la que está dando el golpe a la democracia, no va a poder hacer nada para que el Constitucional actúe", ha asegurado. Y es que el Tribunal Constitucional ha recibido a las 9.30 horas de este miércoles un escrito en el que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, recusa a los 12 magistrados del tribunal. La Ley del Tribunal Constitucional indica que la recusación debe ser resuelta por el propio Pleno, que hoy mismo está reunido en un Pleno ordinario. Por cierto que el Tribunal de Cuentas reclamará al expresidente de la Generalitat Artur Mas y otros diez altos cargos que asuman el gasto de dinero público que autorizaron en 2014 para la consulta del 9-N, y que la Fiscalía cifró en 5,1 millones de euros. La delegada instructora los ha citado para el próximo 25 de septiembre para fijar la 'liquidación provisional' para determinar las cantidades sobre las que debe responder cada uno de ellos, y de no hacerlo se les embargará sus bienes. Andrés Velázquez [email protected]