En Brasil, el impulso acompaña al candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro según las últimas encuestas, cuando faltan 12 días para la segunda vuelta electoral en la que se medirá con el rival de izquierda Fernando Haddad, informa Reuters.

La encuestadora Ibope divulgó un sondeo a última hora del lunes que muestra a Bolsonaro con una ventaja dominante con el 59% de la intención de voto, frente al 41% de Haddad. El balotaje se realizará el 28 de octubre.

El candidato provida Bolsonaro está recibiendo apoyo publicó de importantes deportistas

El candidato provida Bolsonaro está recibiendo apoyo publicó de importantes deportistas brasileños. Por ejemplo, el del exfutbolista del Barça, Ronaldinho, cosa que no ha gustado nada a su antiguo club que, políticamente correcto, ha dicho en boca de su portavoz: “Desde el Barcelona defendemos valores civiles y democráticos que no concuerdan en absoluto con los ideales de este candidato a la Presidencia de Brasil. Pero también es cierto que nuestra política es la de la libertad de expresión incluso cuando no estamos de acuerdo con lo que se expresa. Ronaldinho es un jugador que cambio la historia del club y ahora defiende unas ideas que no compartimos, pero respetamos democráticamente la libertad de expresión de Ronadinho”, recoge AS.

La PF investigó durante más de un año si Temer, en el poder desde mayo de 2016, recibió sobornos

Y a todo esto, también en Brasil   -que es un pozo de sorpresas-  la Policía Federal pidió el martes a la Fiscalía General imputar al presidente masón Michel Temer y a otras diez personas, incluyendo su hija, por delitos de corrupción, lavado de dinero y organización delictiva, según Infobae.

La PF investigó durante más de un año si Temer, en el poder desde mayo de 2016, recibió sobornos para emitir un decreto en mayo de 2017 con el objetivo de beneficiar a compañías del sector portuario. La Fiscalía debe decidir ahora si formula una denuncia penal contra el presidente, si solicita nuevas investigaciones o si pide que el caso sea archivado.

Para que la Corte Suprema investigue y eventualmente procese al presidente, según la Constitución, debe contar con la autorización del Congreso.