La celebración de elecciones en Bolivia está cada vez más cerca. La presidenta interina, Jeanine Áñez, promulgará este domingo la Ley de Régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales, que ha sido aprobada por la Cámara de Diputados. "Quiero agradecer a nuestros parlamentarios por haber entendido y escuchado las demandas del pueblo boliviano", decía Áñez en su cuenta de Twitter, que de esta forma se pretende encontrar una salida a la crisis política que vive el país tras los comicios del 20 de octubre denunciados de fraude por la oposición y que el proyecto de ley deja sin efecto.

El texto prohíbe, además, a quienes hayan ejercido dos mandatos presentarse para un tercero, lo que cierra la puerta a una hipotética candidatura de Evo Morales que ya ha estado al frente de tres legislaturas. Su mismo partido, el Movimiento al Socialismo, MAS, que tiene mayoría en el Parlamento, votó a favor del proyecto de ley dejando en evidencia sus divisiones con respecto al antiguo presidente. Divisiones que se hicieron patentes cuando una de las facciones 'pro Morales' pidió que se concediera inmunidad al ex presidente y las autoridades que nombradas por él argumentado la "vulnerabilidad" en que se encuentran todos ellos y sus familias.

Fruto del diálogo abierto entre el Gobierno y el MAS, en una primera fase, ha sido conseguir el visto bueno del partido Movimiento al Socialismo a la convocatoria de elecciones ‘sin Evo Morales’. Un primer paso hacia la normalización en Bolivia 

 "No voy a promulgar esa ley", advertía la presidenta interina de forma contundente para añadir que el Ejecutivo provisional "no perseguirá a ningún dirigente político, sindical o cívico", solo a "aquel que ha cometido delitos y se ha burlado de la ley y ha cometido abusos". “No podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos”, respondía Añez un día después de que  la Fiscalía del país abriera una investigación contra el ex presidente y el que fuera su ministro de Presidencia Juan Ramón Quintana, en paradero desconocido, por los delitos de sedición y terrorismo, en respuesta a la difusión de la grabación de una llamada telefónica, en la que Morales da instrucciones de bloquear los caminos y “no dejar pasar alimentos” a las ciudades. Un video que el expresidente, a través de su cuenta de Twitter, calificaba de “montaje”. 

“Si el presidente Morales vuelve, que vuelva, pero él sabe que también tiene que responder con la justicia….nosotros lo que vamos a exigir es que la justicia boliviana haga su trabajo, no una persecución política que es lo que hemos venido sufriendo durante 14 años, judicialización de la política y politización de la justicia”, señalaba Jeanine Áñez al hilo de las declaraciones del ex presidente, en una serie de entrevistas realizadas en México, en las que se mostraba dispuesto a volver y renunciar a ser candidato con tal de "pacificar Bolivia".

La presidenta tiene además un problema añadido: el de devolver el Ejercito a los cuarteles, cuya actuación para sofocar las protestas en todo el país ha dejado al menos 32 muertos

Y precisamente las declaraciones de Morales a diferentes medios europeos y en las que se refiere a la situación de su país, a través de consignas que “incitan a la violencia”, aseguran desde el Gobierno en funciones del país, es lo que  ha llevado al Ejecutivo de Áñez a presentar una "protesta formal" ante México.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia considera que las manifestaciones de Evo "contravienen" su condición de asilado político. En un comunicado señalan que: "Evo Morales incita a la violencia desde México, lo que atenta contra la estabilidad del gobierno constitucional, la paz social y los derechos humanos del pueblo boliviano".  Bolivia afirma que el gobierno de López Obrador desconoce la Declaración sobre el Asilo Territorial, adoptada por la Asamblea General (en su resolución 2312 XXII), de 14 de diciembre de 1967.

Devolver el Ejército a los cuarteles

La presidenta tiene además un problema añadido: el de devolver al Ejercito a los cuarteles. El Gobierno interino aprobaba un decreto que exime de responsabilidad penal los militares desplegados en las movilizaciones y cuyas actuaciones ha dejado al menos 32 muertos, según la agencia norteamericana Associated Press, desde que comenzó la crisis. El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, explicaba en rueda de prensa que la medida "no contribuye a ningún estado de mayor violencia" sino que es un instrumento para "contribuir a la paz social", y añadía que la normativa establece que el funcionario que participe en operativos de resguardos "está exento de responsabilidad penal" cuando actúe "en legítima defensa o en estado de necesidad" y bajo los criterios de "legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad".

El Gobierno en funciones ha presentado una "protesta formal" ante México. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia considera que las manifestaciones de Evo "contravienen" su condición de asilado político

Sin embargo, y pese al ‘empeño’ puesto por los militares, en Bolivia no se ha logrado restablecer totalmente el orden público. Así que el Gobierno ha decido abrir un diálogo con los manifestantes que tiene como objetivo conseguir “un país libre de bloqueos”. Y lo ha hecho con el apoyo de la ONU, cuya actuación en la crisis boliviana, inexistente hasta ahora, es algo más que cuestionable. El enviado de la Naciones Unidas, Jean Arnault, convocaba a una “mesa de diálogo” a dirigentes del Movimiento al Socialismo y representantes del Gobierno.

Fruto de ese diálogo, en una primera fase, ha sido conseguir el visto bueno del MAS a la convocatoria de elecciones ‘sin Evo Morales’.  Un primer paso hacia la normalización en Bolivia cuya crisis de gobernabilidad, la más grave que ha vivido en una década, fue el detonante que supuso la llegada a la presidencia del Gobierno de Jeanine Áñez, con el compromiso, según ella mismo dijo, “de devolver la democracia a Bolivia”. “Voy a trabajar este corto tiempo porque los bolivianos merecen vivir en democracia y que nunca más se les robe el voto…” La presidenta interina asumía el poder con la intención de alcanzar "la reposición del orden constitucional" en lo que, asegura, será un "mandato de carácter estrictamente provisional".