El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo, Manuel García-Castellón, considera que el BBVA en general y su presidente, Carlos Torres, en particular, le han tomado el pelo. Algo que no suele gustar a nadie y menos todavía a un magistrado. Además del caso Villarejo, García-Castellón instruye Púnica, Lezo, Acuamed, diez casos de tráfico de drogas, otras tantas causas relacionadas con yihadismo, las relaciones de ETA con las FARC… y, claro, contaba con la colaboración del BBVA para esclarecer la relación del banco con el ex comisario.

Así se lo prometió Carlos Torres. El presidente de la entidad contrató en enero de 2019 a PwC y a los despachos Garrigues y Uría Menéndez para que realizaran la investigación forensic (interna) sobre el caso, algo que la entidad ya había iniciado en mayo de 2018, cuando se destapó la relación del banco con el excomisario. En total, más de 150 personas trabajando de lunes a viernes en La Vela, la sede operativa del banco en el barrio madrileño de Las Tablas.

El cabreo de García-Castellón cuando vio el forensic es de los que marcan época. Aquello no era lo que él esperaba, después de tantos meses y de tantos ‘investigadores’ dedicados en cuerpo y alma al asunto. Menos mal que el banco iba a colaborar con la justicia, debió pensar el juez. El caso es que el informe apuntaba al exjefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, al exdirector de Riesgos, Antonio Béjar, y al ex CEO, Ángel Cano, además de a otros tres directivos, también imputados en el caso. Ni rastro del expresidente, Francisco González (FG), a pesar de que está un tanto ofendido. Esta semana hemos conocido que Torres, 53 años y sólo uno como presidente, ya atesora una pensión de 21,6 millones de euros. Cuando FG se retiró con tan sólo 80 millones de euros. Cantidad que, por cierto, envío a una entidad suiza, mientras forzaba a su plantilla a vender fondos de pensiones del BBVA. Al parecer no confiaba mucho en el banco que presidía.

No sólo eso, resulta que la entidad expulsó a Béjar después de que éste declarara ante el juez. O sea, que el BBVA estaba dispuesto a colaborar, pero echa al directivo que, este sí, colabora en la instrucción del caso. Por cierto, el banco ha llegado a un acuerdo con Béjar este viernes y le pagará una indemnización de 1,7 millones de euros brutos. El exempleado, por su parte, no demandará a la entidad por despido improcedente. En principio, y habrá que tomarlo así, nada tiene que ver esto con el caso Villarejo. 

Así las cosas, Torres, que también ha cabreado al BCE, ha remitido al juez correos electrónicos que vinculan a FG con Villarejo, según publica este viernes El Economista. Y es que al presidente del BBVA no le conviene cabrear (demasiado) a García-Castellón o, al menos, no le conviene cabrearle tantas veces seguidas.