- El Gobierno de Francina Armengol (PSOE) se marca un decrecimiento de 120.000 plazas en los próximos años.
- Multará con hasta 400.000 euros a las plataformas, como Airbnb y Homeaway, que no retiren los anuncios de pisos que pasan a ser ilegales.
- Los propietarios de apartamentos que pretendan alquilar se enfrentan a sanciones de hasta 40.000 euros.
- El consejero de Turismo, Biel Barceló, de Més per Mallorca, considera que la medida servirá para "poner orden" en el sector.
El turismo es la principal industria de España, como se pone de manifiesto cada vez que el INE saca las estadísticas de los extranjeros que vienen a visitarnos.
Pero eso no convence a la ultraizquierda de la
CUP en Cataluña, por ejemplo, que no está dispuesta a rebajar la campaña de presión sobre el turismo que iniciaron hace diez días miembros de la organización juvenil Arran y que el partido independentista ha adoptado como propia. Y apoya las medidas que propone
Arran, como la expropiación de hoteles y empresas turísticas o que se tome el control público de destinos como el parque temático de Port Aventura.
Ante ello, el presidente del Gobierno
Mariano Rajoy defendió la necesidad de "cuidar y mimar" la industria del turismo y "no tratar a patadas" a los que visitan España.
Y en ese contexto, llega
la reforma de la ley turística aprobada por el Gobierno balear -
formado por el PSOE y Més per Mallorca (Més)- en vigor desde este martes, que ha puesto un
tope al alojamiento de visitantes en establecimientos turísticos legales. El techo de plazas ha quedado fijado en 623.624, de las que la mayoría -435.707- están en Mallorca y más de la mitad en manos de establecimientos hoteleros. El Gobierno multará con hasta 400.000 euros a las plataformas que no retiren los anuncios de pisos turísticos que pasan a ser ilegales, recoge
El País.
El consejero de Turismo,
Biel Barceló, de Més per Mallorca, considera que la medida servirá para
"poner orden" en el sector tras los problemas surgidos a raíz del auge del alquiler turístico en pisos en los últimos años, que ha llevado a una
masificación de las visitas. A pesar de que el techo de plazas se ha establecido en esas más de 600.000 en todo Baleares, el objetivo a largo plazo del Ejecutivo autonómico es
ir reduciendo la oferta paulatinamente. El Gobierno de la socialista
Francina Armengol se marca un decrecimiento de 120.000 plazas en los próximos años.
La regulación no solo
prohíbe alquilar pisos y apartamentos en viviendas plurifamiliares a turistas, sino también publicitarlos a través de portales especializados. Los propietarios de pisos o apartamentos que pretendan alquilar su casa a turistas no podrán hacerlo, bajo la amenaza de multas de hasta 40.000 euros si lo llevan cabo. Las plataformas de comercialización -como
Airbnb y
Homeaway- se enfrentan a sanciones de hasta 400.000 euros si alojan en su página anuncios de alquiler turístico en pisos. La ley obliga a estas comercializadoras a incluir en los anuncios el número de licencia, que tiene que estar visible. Si no se cumple esta premisa, se multará tanto al propietario como a la empresa anunciante.
El Gobierno autonómico ha dado de plazo 15 días a estas empresas para adaptarse a la nueva normativa autonómica y retirar todos los anuncios que ofrecen el arrendamiento de pisos y apartamentos en edificios residenciales.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
