- La presidenta de la Junta de Andalucía en funciones toma esta decisión, tras conocerse el auto judicial que señala que en el procedimiento no hay "el más mínimo rigor".
- Un texto donde la juez Patricia Fernández constata las irregularidades del proceso y que el consorcio elegido no cumplía ni uno sólo de los requisitos.
- Así, respalda las denuncias realizadas por la empresa no escogida, Emerita Resources.
- Por tanto, la adjudicación del complejo minero sevillano tiene más sombras que luces y no se debe olvidar que en 1998 causó la mayor catástrofe medioambiental de España.
- Conviene recordar que el socio mexicano también está en cuestión, por ser el culpable del vertido tóxico en el río Sonora, el mayor desastre medioambiental del país azteca.
A principios de año,
Hispanidad informaba sobre el proceso de
adjudicación de
Aznalcóllar y alertaba de que
la Junta de Andalucía estaba a punto de otorgar la explotación del complejo minero sevillano a una empresa contaminante. Finalmente, casi un mes después,
cometió el error anunciado, al elegir al consorcio
Minorbis-Grupo México. Pero este miércoles ha dado marcha atrás, pues la presidenta de la Junta de Andalucía en funciones,
Susana Díaz, ha paralizado la
irregular adjudicación, después de que el
periódico El Mundo señalara que se hizo "burlando la ley".
Un lío más para la socialista andaluza, que está inmersa en lograr su
investidura, aunque puede marear la perdiz hasta el 5 de julio. Pero en esta ocasión, quiere darle pronto 'carpetazo' y que no se convierta en un obstáculo para su verdadero objetivo, pues ya ha dado instrucciones al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en funciones,
José Sánchez Maldonado, y a los servicios jurídicos de la administración autonómica para paralizar la citada adjudicación. Todo ello a raíz de que se conociera un auto judicial que señala que en dicho proceso no ha habido "el más mínimo rigor".
El diario de Unidad Editorial ha tenido acceso al auto del pasado día 7, en el que la juez de Instrucción número 3 de Sevilla,
Patricia Fernández, constata las irregularidades del procedimiento. En concreto, señala que el consorcio elegido no cumplía ni uno sólo de los requisitos.
De esta manera, la juez respalda las denuncias realizadas por
Emerita Resources, que también optaba a la adjudicación de Aznalcóllar y finalmente no fue escogida. Y es que esta compañía española, especializada en exploración y recursos mineros,
recurrió la elección de Minorbis-Grupo México a finales de febrero. En concreto, calificó de "lamentable" la resolución del concurso público y criticó la "parodia de transparencia" del acto que se retransmitió por 'streaming' y se ciño a la lectura de un acta "que ya estaba preparada".
Por su parte, Minorbis es filial de la compañía cordobesa
Magtel. Esto no es una cuestión baladí porque paradójicamente esta última recibió 15 millones en subvenciones de la Junta de Andalucía, y fichó a un ex alto cargo del PSOE, según apunta El Mundo. Pero, además, las revelaciones de ese diario permiten poner en duda lo que dijo el pasado febrero
Sánchez Maldonado. Recuerden que presumió de que la adjudicación se había hecho con la "máxima transparencia y sin injerencia de nadie".
Al hilo de todo este tema, parece que la adjudicación del complejo minero sevillano tiene más sombras que luces y no se debe olvidar que en 1998 causó la mayor catástrofe medioambiental de España. Pero también hay que recordar que el socio de Minorbis, Grupo México, también está en cuestión, por ser el culpable del vertido tóxico en el río Sonora el pasado verano, considerado el mayor desastre medioambiental del país azteca.
Cristina Martín
cristina@hispanidad.com
