La Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) de las autopistas quebradas hace referencia a lo que el Estado debe pagar a las constructoras y concesionarias que construyeron y gestionaron esas infraestructuras, hasta el momento de la quiebra. La fórmula para el cálculo de la RPA es muy compleja y fue aprobada por el Consejo de Ministros en abril de 2019 y posteriormente publicada en el BOE.

En líneas generales, se trata del valor patrimonial de las obras realizadas y que no fueron amortizadas, así como de las expropiaciones que se abonaron en su momento. En cualquier caso, la RPA siempre se entendió como un pago que debía realizar el Estado, y si ese pago era de cero euros, pues mejor para el Estado, pero en ningún caso se contempló que la RPA fuera ‘negativa’, esto es, que fuera el afectado quien pagara a la Administración Pública.

Eso es, precisamente, lo que plantea ahora el Gobierno de Pedro Sánchez en la R4: el Estado, además de quedarse el activo y explotarlo, no sólo se libra de pagar la RPA, sino que podría exigir un pago por ella a los antiguos accionistas de la radial, las empresas Ferrovial y Sacyr. Vamos, un dislate.

Sea como fuere, el Gobierno se juega un dineral. Según los fondos que compraron la deuda de las autopistas quebradas, estaríamos hablando de unos 2.300 millones de euros, de los que el Gobierno sólo ha admitido 318 millones correspondientes a la AP 36 (Ocaña – La Roda). El resto continúa en el aire y a expensas de los tribunales.

De todas las causas abiertas, la de la R5 es la más significativa, ya que están en juego 1.280 millones de euros. Abertis (35%) es la más expuesta, seguida de Sacyr (25%) y ACS (20%). Bankia, por su parte, llegó a un acuerdo con los acreedores y se deshizo de su 20%. Así las cosas, ACS es la que corre con mayor riesgo, ya que a su 20% hay que añadirle el 17% que posee indirectamente a través de Abertis. Hablamos, en total de unos 330 millones de euros.

¿Cuál es el motivo del litigio en la R5? Las garantías sobre la financiación de la vía que, según los fondos, existen, y según las concesionarias, no.