Por fin, un juicio por créditos dolosos millonarios que sí están en la raíz de la crisis financiera en España. Comparen las cifras: las tarjetas black se llevaron por delante 15 millones de euros durante 11 años. Ahora estamos hablando de cinco operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral, en México, que sumaron 750 millones en cuatro años, entre 2005 y 2009. ¿Qué ocurre? Que es más morboso condenar a un banquero por comprar lencería fina con la ‘black’, que hacerlo por conceder un crédito doloso, aunque fuera de cientos de millones.

Ya verán cómo el juicio oral abierto este lunes por el juez de la Audiencia Nacional, Diego Egea, contra Olivas no tendrá la misma cobertura mediática que las tarjetas opacas de Cajamadrid y los 47 involucrados no tendrán que soportar las penas de telediario que sí sufrieron los ex de la caja madrileña. Y eso que están acusados de un delito societario continuado de administración desleal, de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida, y de un delito de blanqueo de capitales. Casi nada.

Así las cosas, los 48 exdirectivos tendrán que hacer frente a una fianza conjunta solidaria de 1.437,78 millones de euros.

Los peor parados en toda esta trama es el ex director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, y el ex CEO de Banco de Valencia, Domingo Parra

El auto de la juez Carmen Lamela, a quien ha sustituido Egea hasta que nombre a un nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, habla de múltiples irregularidades y de la ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, “constatándose un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras Bancaja y Baco de Valencia en el Grupo Grand Coral, lo que se valora en 750 millones de euros”.

Los peor parados en toda esta trama es el ex director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, y el ex CEO de Banco de Valencia, Domingo Parra. La Fiscalía pide para ellos, y para los empresarios hoteleros Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch, 12 años de prisión por los presuntos delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales. Para Olivas solicita ‘solo’ 6 años de cárcel por un delito de apropiación indebida. Para el resto de procesados, la Fiscalía pide entre 2 y 6 años de prisión.

Las entidades no cayeron por las tarjetas opacas, sino por créditos millonarios dolosos. Es decir, créditos concedidos con la idea de que se declararan fallidos: el prestatario no pagaba. Entonces, ¿por qué le concedían el préstamo?  La respuesta es fácil. Por ahora, estamos en categoría de presunto culpable.

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