El cabreo de muchos empresarios con Antonio Garamendi llegó a su punto álgido el viernes 8 de mayo, cuando firmó la prórroga, no del estado de alarma, sino de las medidas del Gobierno para, supuestamente, proteger el empleo. Entre lo firmado, el alargamiento de la prohibición de despedir, hasta fin de año.

No es que el presidente de la CEOE apoye al Gobierno, ni mucho menos, pero más de uno considera que sus críticas al Ejecutivo son demasiado suaves, más aún teniendo en cuenta la falta de sensibilidad del Gobierno con los autónomos -ahora parte de la patronal-, representados por Lorenzo Amor, mucho más directo a la hora de cantarle las cuarenta a Pedro Sánchez.

Un ejemplo: este martes, durante un encuentro organizado por El Economista, Garamendi no ha criticado la renta mínima que quiere aprobar Pablo Iglesias, sino el hecho de que se vaya a aprobar por Real Decreto en lugar de ser con un proyecto de ley. “Nosotros queremos proyectos de ley, y no que se apruebe una renta mínima por Real Decreto”, ha señalado. Y los empresarios, cada vez más cabreados.

A Garamendi le apoya Ana Botín, que no es poco. La presidenta del Santander ha alineado al Ibex en defensa de las medidas económicas del Gobierno Sánchez, y ya ha comenzado su particular puesta en escena. Cada domingo, El País -ahora controlado por Botín- publicará una entrevista a un presidente del Ibex. La primera fue doña Ana, que el pasado día 17 no dijo nada durante las dos páginas de la entrevista. Ni siquiera habló del nuevo fichaje del banco, António Simoes.

Ignacio Sánchez-Galán, presidente de Iberdrola, será el siguiente, y así, cada domingo, un presidente del Ibex nos deleitará con generalidades que poco o nada aportan en un momento en el que nos jugamos tanto.

Y al fondo, la pugna, que adelantó Hispanidad, entre el Ibex y el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), esto es, el grupo de los grandes propietarios españoles como Juan Roig (Mercadona), José Antonio Entrecanales (Acciona), los hermanos Riberas (Gestamp), etc. El Ibex teme al Gobierno más que el IEF y ambos quieren hacerse con el liderazgo empresarial que dejó vacante el desaparecido Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC).